La justicia estadounidense para el primer golpe de Trump contra los 'soñadores'

Imagen de partidarios de los 'soñadores' que se movilizaron la pasada semana frente al hotel Trump de Washington. :: Paul J. RICHARDS / afp
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Imagen de partidarios de los 'soñadores' que se movilizaron la pasada semana frente al hotel Trump de Washington. :: Paul J. RICHARDS / afp

Un juez de California mantiene de manera cautelar la orden de Obama que libraba de la deportación a casi 800.000 jóvenes

MERCEDES GALLEGO NUEVA YORK.

Para algunos era cuestión de vida o muerte, por eso ha tenido que intervenir la Justicia. El sueño de convertirse en ciudadanos de pleno derecho del único país que han conocido en sus vidas adultas se convirtió en pesadilla con la victoria de Donald Trump. En septiembre cumplió su promesa de acabar con el programa de Acción Diferida para la Llegada de Niños (DACA, por sus siglas en inglés), que durante el mandato de Obama ofreció protección a cerca de 800.000 jóvenes que llegaron a EE UU cuando eran niños, de la mano de padres indocumentados.

Les llamaban 'dreamers' (soñadores), porque la Dream Act hubiera legalizado para siempre su situación y les hubiera abierto las puerta del sueño americano. En lugar de eso, el Congreso les falló, como también el presidente Trump, que dice simpatizar con ellos mientras les utiliza como rehenes para forzar a los legisladores a financiar el muro fronterizo. «¿De verdad alguien quiere echar a buenos jóvenes, educados, con estudios y logros que tienen trabajo y sirven en las fuerzas armadas? ¿De verdad?», tentó a la oposición por Twitter, después de darle hasta el 5 de marzo próximo para anular todo el programa, si no ha pactado antes una ley migratoria. «Sin muro no hay DACA», reiteró ayer. Un tic-tac estremecedor que el martes por la noche detuvo un juez de California con una medida cautelar que suspende temporalmente la deportación de estos niños a países dominados por el narcotráfico hasta que los tribunales puedan dirimir su situación.

Como era de esperar, al amanecer Trump montó en cólera por Twitter contra el «fracturado e injusto» sistema judicial. Según él, cada vez que toma una decisión que afecta a inmigrantes o refugiados la izquierda corre en busca de protección a un juez del Noveno Circuito -de la costa Oeste- donde «casi siempre ganan, antes de que esa decisión sea revertida por los tribunales superiores».

LAS CLAVES El presidente ofrece al Congreso salvar DACA a cambio de dinero para el muro con México El juez trata de «evitar un daño irreparable» porque, una vez fuera del país, no tendrían derecho a volver

Mediaba, como de costumbre, la ignorancia de un presidente dado a la simplificación. El juez de San Francisco William Alsup no se ha manifestado en favor o en contra de su orden ejecutiva, sólo ha emitido una medida cautelar con la que evitar el «daño irreparable» que sufrirían los deportados antes de que los tribunales puedan pronunciarse. Un alivio para los 100 o 150 jóvenes que cada día se levantan en la ilegalidad al expirar la protección temporal que les expidió el presidente Obama mediante orden ejecutiva. Y es que el mismo juez admite que una vez que abandonan el país el Gobierno tiene todo el derecho a impedirles que vuelvan a entrar.

La mayoría no conoce a sus parientes del otro lado de la frontera. A veces ni siquiera hablan el idioma correctamente. Muchos han empezado a tomar clases de español, por si les toca desenvolverse en su país de origen. Del lado estadounidense queda toda la vida conocida -sus padres, sus amigos, su colegio, su trabajo, su coche y hasta su mujer e hijos-. Uno de ellos, Frank Guisseppe Fuentes, de 20 años, murió asfixiado el verano pasado en un camión sin aire acondicionado que hacinaba a más de cien inmigrantes cuando intentaba regresar a su hogar de Maryland.

La ley fue estricta con ellos. Para acogerse al programa conocido como DACA tenían que tener documentación con la que probar que llegaron a EE UU antes de los 16 años y habían vivido aquí durante al menos cinco, sin fallar en sus estudios, sin tener el menor encontronazo con la ley, con estudios superiores y un trabajo de bien o un puesto en las fuerzas ar madas. Su cumplimiento era revisado con lupa cada dos años. Por eso, de los cuatro millones que inicialmente se estimaba sólo 800.000 pudieron beneficiarse de la protección temporal que ofrecía DACA, y de esos quedan menos 700.000. El escritor y columnista Jonah Goldberg sostiene que es imposible que los tribunales consideren ilegal la orden ejecutiva de Trump, porque lo que se creó con una orden ejecutiva sin duda puede acabarse con otra. El pulso puede que acabe en el Supremo, si antes no cede el Congreso.

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