China y Rusia alivian los apuros de Maduro

Venezuela, que prohíbe a Lilian Tintori salir del país, contrarresta sus problemas financieros con el apoyo de estas dos potencias internacionales

MILAGROS L. DE GUEREÑO CORRESPONSAL LA HABANA.

Las sanciones impuestas por Donald Trump a Venezuela han afectado la capacidad financiera del país, pero han propiciado que la tibieza de los nexos con Rusia y China se haya transformado en decisivo apoyo de ambas potencias. Desde la primera llegó el primer cargamento con 30.000 toneladas de trigo y en unos 20 días atracará otro, y la segunda expresó su interés en explotar 800 pozos petrolíferos en la franja del Orinoco. Dos cordones umbilicales que permitieron al vicepresidente Tareck El Aissami afirmar que no faltará comida ni materia prima en Venezuela y, desafiante, que no será el mandatario estadounidense quien «pueda doblegar la voluntad de un pueblo soberano con sanciones económicas».

Según El Aissami, quien encabeza la 'lista negra' de la Casa Blanca, que lo vincula con el narcotráfico, las sanciones pretendían «asfixiar la economía, y además todo lo que conlleva la comercialización para la agroindustria, para con ello golpear al pueblo en materia de alimentación», pero el Gobierno de Nicolás Maduro «ha logrado materializar convenios y cuenta con apoyo internacional». Un sostén que se concretará a mediados de este mes en una cumbre de solidaridad.

Por su parte la oposición continúa denunciando al régimen ante la comunidad internacional. Lilian Tintori y Julio Borges, presidente del Parlamento, habían organizado una gira por Francia, España, Alemania y Reino Unido, que para la esposa de Leopoldo López se frustró en el mismo aeropuerto. Ayer, las autoridades le impidieron la salida porque el martes deberá presentarse en un tribunal para responder por la tenencia de 200 millones de bolívares, unos 60.000 euros, que fueron encontraron en cuatro cajas de madera en el coche de un familiar.

Tintori y Borges pretendían recordar en el exterior que desde el 2014, en la anterior ola de protestas violentas, de los 76 alcaldes opositores de la Mesa de la Unidad Democrática, elegidos en 2013, 19 han sido sancionados, destituidos y detenidos, o tienen pendiente una orden de captura dictada por el Tribuna Supremo y otros dos regidores fueron destituidos por consejos municipales de mayoría oficialista. Varias ONG consideran esas medidas persecución política del Estado.

Igualmente, la exfiscal Luisa Ortega viajó a México, donde ayer informó de que presentó al fiscal general de ese país, Raúl Cervantes, «información importante» sobre delitos en Venezuela. Lo hizo durante una rueda de prensa con Mariana Gómez del Campo, senadora del conservador Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores-América Latina y el Caribe del Senado, quien repudió la «persecución política» contra ella y su familia. «Condenamos argumentos turbios y amañados de los que se le acusa de un supuesto fraude en Venezuela», dijo, y calificó a Ortega de «una mujer valiente» que «se atrevió a levantar la voz» en un país «donde los derechos humanos no son respetados, las libertades tampoco» y la «democracia desafortunadamente ha sido aplastada».

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