Venganza contra la fiscal disidente

La fiscal Ortega es rescatada en una motocicleta después de su destitución. :: Ronaldo SCHEMID / afp

Luisa Ortega Díaz fue destituida en la primera sesión de la Asamblea Constituyente

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO LA HABANA.

No hubo sorpresas. La recién conformada Asamblea Nacional Constituyente dedicó sus primeras horas de actividad a la destitución de la fiscal rebelde Luisa Ortega Díaz. El todopoderoso órgano creado por Nicolás Maduro para apuntalar su régimen precisó de solo unos minutos para votar por unanimidad deponer a la titular del Ministerio Público, cuyos bienes también han sido embargados y no podrá abandonar el país mientras sea sometida a juicio. La venganza chavista cayó sobre ella al considerarla traidora por criticar la deriva del Gobierno de Venezuela. Su puesto será ocupado provisionalmente por el defensor del pueblo Tarek William Saab.

Ortega Díaz dedicó sus últimas horas en el cargo para denunciar el «asedio» de la Guardia Nacional Bolivariana, que la cercó en la entrada de sede de la Fiscalía General, impidiéndole entrar al recinto. Desde el viernes contaba con medidas cautelares otorgadas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ella y su familia. La fiscal acusó a los militares de empujarla y golpearla para impedirle el paso a la institución porque al acallarla «pretenden esconder las pruebas de Odebrecht, pruebas de corrupción y violación de derechos humanos y de la falta de libertad».

Es el precio que la fiscal ha tenido que pagar por su abierto desafío a la pretensión de Maduro de traspasar los poderes de la opositora Asamblea Nacional al poder judicial, por tildar de «inconstitucional» la convocatoria de la Constituyente y por hablar de la «ambición dictatorial» del oficialismo.

Fue Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea, quien llevó la voz acusadora. «Qué sea removida de manera inmediata de su cargo», dijo en todo momento, enfantizando «no suspendida, que sea removida». Una de las manos derechas de Maduro agregó que «esto no es un acto de linchamiento», sino de justicia por la «inacción» de la Fiscalía y porque su titular «se había convertido en centro de la injusticia».

Ayer, la exministra de Exteriores Delcy Rodríguez, ahora al frente de la Constituyente, solo tuvo que oficializar la crónica de la salida anunciada entre aplausos y gritos de los asambleístas de «traidora» y «la justicia llegó», en referencia a Ortega.

Hoja de ruta

La hoja de ruta fue marcado en la noche del viernes por el propio presidente Maduro. En un intervención pública criticó la falta de implicación de la Fiscalía para frenar a la oposición. Le molestaba que Ortega investigara a miembros de la fuerza pública por disparar contra manifestantes que protestaban contra el Gobierno desde abril en enfrentamientos violentos en los que han muerto entre 130 o 150 personas, 2.000 heridos y un millar de detenidos.

En el bando contrario, Julio Borges, titular de la Asamblea Nacional, rechazó la persecución a la exfiscal y recordó que el Parlamento elegido en diciembre del 2015 es el próximo objetivo de los constituyentes. «Cada amenaza, atropello y violación de nuestros derechos nos da fuerza para seguir en la calle hasta lograr los objetivos (...) Nuestra lucha es por elecciones libres y transparentes para que Venezuela tenga un nuevo Gobierno que resuelva los problemas de la gente», dijo.

Cuanto tiempo podrán permanecer en el hemiciclo es impredecible. Pero, con el oficialismo embalado en esa vía paralela, posiblemente sea corto. Además, Cabello, que anunció que el mandato de la Constituyente será de seis meses, señaló que no estaba seguro si en ese tiempo se haga «lo que se tiene que hacer. Yo voy a hacer una propuesta para ampliar nuestro trabajo a dos años», expresó. Como el salón Elíptico del legislativo también se le queda pequeño, propuso que sus sesiones se realicen también en los hemiciclos de sesiones -donde habitualmente se reúnen los diputados- y en el protocolar. Otro movimiento pensado para rematar a la Asamblea Nacional. Mientras, Maduro sigue sordo ante la catarata de críticas internacionales y las amenazas de sanciones.

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