Un tribunal configurado a favor del gobernador

M. VALENTE BUENOS AIRES.

«Si todas las denuncias que pesan sobre esta señora son verdad, merece estar presa», sostiene el presidente Mauricio Macri. El problema es que hay muchas dudas respecto de las denuncias y de la parcialidad de los funcionarios judiciales designados por el poder político.

Morales, principal adversario de Sala, fue nombrado gobernador de Jujuy el 10 de diciembre de 2015 y un día después envió al Congreso provincial un proyecto para ampliar de cinco a nueve el número de miembros del Superior Tribunal de Justicia.

En apenas unos días, cuatro nuevos magistrados se incorporaron así al máximo tribunal: un ex vicegobernador y tres diputados del partido de Morales, la Unión Cívica Radical, hoy aliada de la alianza oficialista Cambiemos a nivel nacional que lidera Macri.

Tras la conveniente ampliación del tribunal, su presidenta designó a su yerno, Gastón Mercau, como juez 'ad hoc' del caso Sala. El juez fue el primero en ordenar su arresto.

Centro de detención

El anunciado traslado de la activista fue calificado por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco Eguiguren, como «un cambio de centro de detención». Eguiguren denunció que si no se traslada a Milagro Sala de la cárcel a su residencia no hay una prisión domiciliaria. «Cambiar a una persona de un centro penal a otro lugar no es prisión domiciliaria sino un cambio de centro de detención», según declaraciones recogidas por la agencia estatal Télam.

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