«Si pretenden exterminar a los miembros de las FARC, volveríamos a sufrir la guerra»

Los integrantes de las FARC son rehabilitados en diferentes espacios para su incorporacion a lavida civil. :: AFP/
Los integrantes de las FARC son rehabilitados en diferentes espacios para su incorporacion a lavida civil. :: AFP

Un año después del acuerdo de paz, «no hay tiroteos en la selva, pero el problema estructural persiste», según alertan los expertos colombianos

GERARDO ELORRIAGA

Hace un año que el presidente colombiano Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC firmaron el acuerdo de paz que, teóricamente, acababa con un largo conflicto armado, pero, tan sólo en los últimos nueve meses, 120 líderes sociales han sido asesinados en el territorio. «Ahora que no hay muertes violentas entre combatientes, el paramilitarismo es más visible», apunta Luis Guillermo Guerrero y explica esta permanencia del crimen organizado como producto de viejas deudas. «Es la primera vez en más de medio siglo que no hay alzados en acción, pero los problemas estructurales siguen y la violencia social y política no cesa».

Como director del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), institución no gubernamental integrada en la secretaría técnica dedicada al seguimiento del proceso de reconciliación, es consciente de las dificultades y apunta a una elite reacia siquiera a compartir el poder. «Resulta complicado porque hay que desarmar su andamiaje sin tiros, mediante una ciudadanía organizada y activa», explica. «Se trata de un trabajo de educación política». Invitado por la ONG vasca Alboan, ha llegado a Bilbao para explicar este convulso proceso.

Ya no se producen balaceras en la selva, pero los problemas estructurales persisten. «El nudo gordiano se halla en la posesión de la tierra y viene del siglo XIX, cuando Colombia se independizó y los estamentos que controlaban el nuevo Estado despojaron de sus tierras a las comunidades que las poseían. Desde entonces, un grupo de familias se han repartido lo robado». La irrupción del narcotráfico en los años 70 constituyó el segundo tsunami que sacudió a la población, obligada a abandonar su casa, y, a principios del presente siglo, la minería, tanto ilegal como legal, provocó nuevos desplazamientos. «Debemos discutir estos impactos con una política de transparencia», defiende. «Parece utópico, pero si no lo hacemos, la paz será inconsistente».

Los latifundistas se oponen a la implementación de las medidas acordadas. «No quieren devolver un centímetro ni pasar por la justicia», alega y explica que, según el pacto, los terratenientes tendrían que devolver lo depredado. A su miedo a perder fundos se suma el temor de que los agentes de la Administración que han cometido delitos de lesa humanidad confiesen quiénes pagaron verdaderos ejércitos para cometer delitos y masacres. La despolitización de la sociedad colombiana dificulta los avances en la pacificación. «Más del 60% no quiere saber nada y así es fácil manejar a unos cuantos que votan a cambio de una beca para el hijo o un puestico, y a una oposición sin capacidad para contrarrestar esta situación».

Cultivos de coca

Las leyes sobre restitución exigen la implementación de un registro de la propiedad, saber quién las posee, como las obtuvo y emplea. «La gente reclama y pide al Estado que cumpla lo prometido o que se ejecuten los programas de sustitución de cultivos de coca, motivos para la preocupación de los propietarios ilegales y las organizaciones criminales».

Se calcula que ocho millones de hectáreas fueron rapiñadas y el saqueo ancestral no se limita a los bienes raíces. «Vaya a ver el sistema de salud. Se lo robaron», lamenta. «La gente pobre se muere en las puertas de los hospitales, no hay una aguja, suero, medicinas, y lo mismo pasa con la educación».

Los parlamentarios de la derecha reprueban que miembros de la banda disuelta participen en la actividad parlamentaria.

A mediados de los años ochenta, la Unión Patriótica, un partido afín a la guerrilla, fue exterminado. «Fueron asesinados 4.000 miembros en cinco años», recuerda y teme que tal estrategia pueda ser aplicada sobre los nuevos políticos surgidos de la insurrección. «Puede suceder y sería la ruina, volveríamos a sufrir la guerra, porque aparecerían nuevas milicias», apunta y advierte irónicamente: «En mi país estamos entrenados para formarlas, incluso nos contratan en todo el mundo para ponerlas en marcha».

La Colombia actual, la del acuerdo con las FARC y la tregua con la ELN, convive con aquella difundida por la serie televisiva 'Narcos', un escenario de pesadilla donde Pablo Escobar y los señores de la droga imponían la ley del más fuerte en una despiadada lucha contra el régimen. «Aquel narcotráfico ya no existe», señala Guerrero y afirma que sus promotores son menos visibles, han mezclado su tráfico con otros negocios legales, como el inmobiliario, tal y como reflejan los lujosos centros comerciales y las mansiones de los barrios más acomodados. «Ya no intervienen directamente en la esfera pública, pueden comprar jueces y políticos, pero no constituyen una fuerza que pueda hacerse con el país».

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