Una presa inconveniente en Argentina

Milagro Sala en el momento de conocer su condena. :: afp/
Milagro Sala en el momento de conocer su condena. :: afp

Milagro Sala, que saldrá de prisión para cumplir un exigente arresto domiciliario, mantiene una histórica rivalidad con el presidente Macri

MARCELA VALENTE BUENOS AIRES.

Casi 20 meses después de su polémica detención, la Justicia de la provincia argentina de Jujuy aceptó a regañadientes la pasada semana otorgar arresto domiciliario a la dirigente Milagro Sala, una mujer que puso contra las cuerdas al poder político tradicional en su región. Y lo hizo mediante la organización de una cooperativa capaz de levantar un barrio de viviendas sociales con escuelas, centros de salud, instalaciones recreativas y fábricas en una de las provincias más pobres del país.

Admiradora del presidente de Bolivia, Evo Morales, Sala había sido elegida diputada del Mercosur (Mercado Común del Sur) en diciembre de 2015. Pero estando aún aforada fue arrestada por un delito menor, algo que según su defensa no justifica su estancia en prisión. Sus abogados aseguran que el arresto respondió a motivos políticos, a su histórica rivalidad con el actual gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, aliado del presidente Mauricio Macri. Sala fue detenida días después de que Morales y Macri asumiesen sus cargos.

Desde el momento de su detención se desató una campaña internacional que exige su liberación. La OEA, la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch sostienen que se trató de una detención arbitraria y exigen su libertad inmediata. También entidades de derechos humanos de Argentina comparan su caso con el del opositor venezolano Leopoldo López, detenido por la Justicia de Nicolás Maduro. Frente a la presión internacional, dos jueces de Jujuy admitieron la recomendación de la ONU y firmaron hace unos días la prisión domiciliaria de Sala, pero con condiciones inusuales.

La activista levantó un barrio de viviendas sociales en una de las provincias más pobres

La activista no irá a su domicilio -donde vivía junto a su esposo- sino a otro inmueble a 20 kilómetros de la capital provincial que está abandonado y saqueado durante su estancia en prisión. La orden incluye la limitación de visitas, la prohibición de ingerir bebidas alcohólicas y estupefacientes y la custodia por parte de la Gendarmería.

Para la defensa, las condiciones del arresto prueban el ensañamiento y la humillación a la que se quiere someter a la dirigente opositora. La abogada Elizabeth Gómez Alcorta remarcó que en Argentina hay 527 genocidas con prisión domiciliaria y nunca se ha procedido con ellos como se actúa con Sala.

Catarata de denuncias

Sala fue arrestada en enero de 2016 acusada de instigar una acampada en un paseo público situado frente a la sede del Gobierno provincial, para exigir que se mantuviera la ayuda a su organización, amenazada por la gestión de Morales, que acababa de ser nombrado gobernador. Tras el arresto se desató una catarata de denuncias en su contra. Se la condenó por un 'escrache' a Morales en 2009, cuando el gobernador era senador y fue abucheado en su provincia. Se probó que Sala no estaba en Jujuy en ese acto, pero la condenaron igualmente, como «instigadora».

Gremialista desde muy joven, Sala, de 53 años, lidera una cooperativa llamada Túpac Amaru -el inca que se rebeló contra los españoles en el siglo XVIII y fue ejecutado-. Durante el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007) y de su sucesora Cristina Fernández (2007-2015), la cooperativa recibió fondos para la construcción de viviendas levantadas por parados. Además, la Túpac construyó escuelas, un centro de formación profesional, dos fábricas, un parque temático para niños, uno acuático, un polideportivo, un centro cultural y un centro de salud, más un centro de rehabilitación de personas discapacitadas. Para Morales, Sala generó «un Estado dentro del Estado» y la acusó una y otra vez de malversar fondos públicos.

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