Lula, abocado al final de su carrera política

El expresidente brasileño, abrazado por varias simpatizantes en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo . ::  Fernando Bizerra Jr./efe/
El expresidente brasileño, abrazado por varias simpatizantes en el Sindicato de Metalúrgicos de Sao Bernardo . :: Fernando Bizerra Jr./efe

La confirmación de su condena por corrupción le impide presentarse a las presidenciales, para las que era favorito

MARCELA VALENTE

buenos aires. En una resolución controvertida por la falta de pruebas materiales de culpabilidad, un Tribunal Regional Federal de Porto Alegre ratificó ayer por unanimidad la condena por corrupción pasiva y lavado de dinero del expresidente de Brasil Luiz Inacio Lula da Silva y aumentó la pena de prisión impuesta en primera instancia de nueve años y medio a doce años y un mes.

La sentencia pone al popular exmandatario, de 72 años, al borde de su final como político pese a que las encuestas lo señalan como el favorito para las presidenciales del próximo 7 de octubre.

La confirmación plena del tribunal de segunda instancia constituye el peor escenario para el fundador del Partido de los Trabajadores (PT) y dos veces presidente de Brasil. Sus abogados pueden plantear recursos que aplacen el arresto por algunas semanas pero sería un milagro si consiguen mantener a flote su candidatura presidencial. De acuerdo con los sondeos, Lula ganaría frente a cualquier rival de los que están hoy en carrera. Pero la ley de Ficha Limpia -que él mismo promovió en 2010- impide la postulación de un candidato condenado en segunda instancia.

La lucha «se radicaliza»

«A partir de este momento se radicaliza la lucha», anticipó la líder del PT Gleisi Hoffmann, quien anunció que las centrales sindicales prevén llamar a una huelga general. Para el partido y los movimientos sociales, una elección sin Lula sería un fraude. En un escrito, el PT aseguró que Lula será candidato de todos modos. «No nos vamos a rendir ante la injusticia», dijo la dirigente, que calificó el juicio como una «farsa jurídica».

La sesión del tribunal estuvo precedida de manifestaciones de apoyo a Lula en todo el país. La más multitudinaria fue la que se realizó en Porto Alegre el martes, víspera de la sentencia. Los magistrados debían resolver si ratificaban o no la condena en primera instancia firmada por el juez Sergio Moro en julio de 2017. El juicio de apelación debía realizarse en agosto de este año, cuando ya estaría encaminada la campaña presidencial, pero de manera sorpresiva los jueces adelantaron el proceso a enero.

Moro había condenado a Lula por considerar que el expresidente había obtenido ventajas ilícitas de la constructora OAS. El magistrado le atribuyó a Lula el uso de un apartamento de tres pisos en Guarujá -un enclave costero en el Estado de Sao Paulo- cedido presuntamente por OAS a cambio de contratos con la petrolera Petrobras.

Lula negó que la propiedad le pertenezca pese a que hubo un tiempo -previo a la adquisición por parte de OAS- en que su esposa se interesó por un piso más modesto en ese edificio. La mujer -ya fallecida- desistió luego de la adquisición, según argumentó la defensa y presentó pruebas de ello.

La defensa destacó incluso que en un juicio contra OAS la Justicia embargó el inmueble como parte de los bienes de la constructora. La propiedad figura en el registro de inmuebles como perteneciente a la empresa. Pero cuando Moro estaba en busca de pruebas, el dueño de OAS, Leo Pinheiro, preso por corrupción, llegó a un acuerdo con la fiscalía para reducir su pena y declaró que el inmueble fue acondicionado para uso de Lula y su familia.

Ayer, el fiscal Mauricio Gerum sostuvo que «lamentablemente, Lula se corrompió». El abogado de Lula, Cristiano Zanin Martins, respondió que «el tríplex (vivienda) no es de Lula», que «nunca recibió las llaves, jamás pasó una noche allí». El letrado insistió en que el juicio es político y carece de pruebas contra su cliente: «Sólo la palabra de Pinheiro».

No obstante, el juez relator, Joao Gebran Neto, explicó que las pruebas materiales no serían esenciales para probar el delito de corrupción pasiva. Dijo que el inmueble puede pertenecer a una persona sin que haya documentos que lo acrediten. Luego, su colega Leandro Paulsen coincidió en que la participación de Lula en el esquema de corrupción era «inequívoca» y explicó que la transferencia del bien «no es esencial para caracterizar este delito» porque el propósito del acusado es justamente ocultar o disimular el beneficio.

El tercer juez, Victor Dos Santos Laus, añadió que tras escuchar a sus colegas «anuló» cualquier duda que pudiera tener acerca del caso.

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