La justicia argentina solicita el arresto de Fernández por «traición a la patria»

Cristina Fernández saluda tras su juramento en noviembre como senadora. :: JUAN CARLOS CáRDENAS / afp/
Cristina Fernández saluda tras su juramento en noviembre como senadora. :: JUAN CARLOS CáRDENAS / afp

El magistrado reclama esta medida para la expresidenta por encubrir el atentado contra la mutual judía que costó 85 vidas

MARCELA VALENTE BUENOS AIRES.

En una resolución controvertida, calificada como un acto de persecución por la oposición, la justicia argentina ordenó ayer el procesamiento y prisión preventiva de la expresidenta Cristina Fernández por «traición» a la patria y «encubrimiento» del atentado de 1994 contra la mutual judía AMIA, en el que murieron 85 personas. Para proceder a la detención, el magistrado Claudio Bonadío solicitó el desafuero de la exmandataria, que ya había jurado como senadora y se preparaba para ocupar su escaño el lunes.

El fallo de Bonadío -quien ya había procesado a Fernández en otras dos causas- considera que el Memorando de Entendimiento entre Argentina e Irán fue «una maniobra delictiva para lograr la impunidad de los imputados». El acuerdo había sido firmado en 2013 a instancias del Gobierno de Buenos Aires, con la declarada intención de que los iraníes acusados de perpetrar el atentado contra la AMIA -y que Irán se negaba a extraditar- declaren ante la justicia. El Congreso ratificó el Memorando con la idea de destrabar la investigación, aunque luego Irán no hizo lo propio y más tarde los tribunales argentinos lo declararon inconstitucional.

En rueda de prensa, Fernández remarcó ayer que fue «un acto de política exterior no judiciable». Dijo que la causa en su contra «es un despropósito, un exceso». «No sólo viola el Estado de derecho, busca provocar daño personal y político a los opositores», apuntó la expresidenta. «No hay delito, no hay causa, Bonadío lo sabe y el presidente (Mauricio) Macri también», señaló. Y añadió que «Macri es el director de la orquesta y Bonadío ejecuta la partitura». Para la exmandataria, el procesamiento «busca intimidar y asustar para disciplinar en momentos en que se discuten normas que van a impactar en los trabajadores». «Me quieren callada y con la espada de Damocles sobre la cabeza», denunció Fernández.

El desafuero debe ser ratificado por dos tercios de los senadores y legisladores opositores que no pertenecen al sector de Fernández ya advirtieron que no lo tratarán sin una sentencia firme.

El jefe del bloque de diputados de Fernández, Agustín Rossi, sostuvo que el Gobierno está detrás de lo que consideró «una cacería política de opositores». Aludió así a recientes prisiones preventivas ordenadas contra el exvicepresidente Amado Boudou y el exministro de Planificación, Julio de Vido, al que se le quitaron los fueros de diputado para que la justicia pudiera arrestarlo.

La muerte de Nisman

La denuncia por encubrimiento contra la exmandataria había sido presentada por el fiscal Alberto Nisman en 2014. Días después, apareció muerto en el baño de su piso con un disparo en la cabeza. Los tribunales aún debaten si se trató de un suicidio o de un homicidio.

El juez federal Daniel Rafecas desestimó aquella denuncia de Nisman porque, a su entender, la firma del Memorando no constituía un delito. Luego, la Cámara Federal confirmó el fallo de Rafecas.

Pero con la asunción de Macri, la causa se reabrió y el juez Bonadío pidió una serie de pruebas. Ayer solicitó el desafuero y la detención de Cristina Fernández. Rafecas está también acusado de «mal desempeño» por haber desestimado la denuncia.

Además de la expresidenta, Bonadío ordenó la prisión domiciliaria del excanciller Héctor Timerman, gestor del ahora cuestionado Memorando. También el arresto del exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, que colaboró con la redacción del acuerdo.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos