La Justicia argentina cerca a Cristina

Imagen de archivo de la entonces presidenta de Argentina Cristina Fernández con su vicepresidente, Amado Boudou. :: JUAN MABROMATA/ afp/
Imagen de archivo de la entonces presidenta de Argentina Cristina Fernández con su vicepresidente, Amado Boudou. :: JUAN MABROMATA/ afp

Se aceleran los procesos contra la expresidenta y miembros de su Gobierno y de su familia

MARCELA VALENTE BUENOS AIRES.

Tras la victoria del Gobierno de Mauricio Macri en las elecciones de medio mandato, la cacería judicial de exfuncionarios de la oposición se ha acelerado en Argentina y pone en jaque a la expresidenta Cristina Fernández, acosada por diversos procesos en su contra y trofeo mayor para el oficialismo, que la considera su principal rival política.

Si sigue a este ritmo vertiginoso, la ofensiva judicial -que tiene aval del Ejecutivo- podría impedir a Cristina asumir su puesto como senadora en diciembre e incluso derivar en su detención. En el Gobierno algunos dicen que la quieren «presa». Otros calibran que una arremetida así podría convertirla en mártir y aumentar su popularidad.

La exmandataria dejó su segundo Gobierno con una imagen positiva alta y el pasado mes de octubre obtuvo en las elecciones legislativas parciales el 36% de los votos en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, pese a las constantes denuncias en su contra. Con ese respaldo, ella promete dar batalla.

Mientras prepara una gira por Europa y México en respuesta a invitaciones de dirigentes izquierdistas, Cristina Fernández acusó al oficialismo de «utilizar al Poder Judicial para perseguir a opositores», de «vulnerar el Estado de Derecho y la división de poderes», y de poner «en riesgo la democracia».

La senadora electa denunció la suspensión, esta semana, de un juez que había ordenado frenar el «tarifazo» de los servicios públicos, y señaló la renuncia de la jefa de los fiscales, Alejandra Gils Carbó. La procuradora sufría presiones y amenazas de juicio político y decidió dejar el cargo.

También alertó sobre la amenaza del Gobierno de Mauricio Macri con denunciar por corrupción a un sindicalista si no apoyaba la reforma laboral que propuso el Ejecutivo y a la que se oponen los sindicatos. Para Cristina, la avalancha de actuaciones judiciales busca «disciplinar» a opositores en momentos en que el Gobierno anuncia la segunda fase del ajuste económico y laboral.

Nueva detención

Lo expresó el viernes mediante un comunicado después de que su ex vicepresidente Amado Boudou -acusado de liderar una asociación ilícita- fuera detenido sin haber sido llamado a declarar. Las fuerzas de seguridad irrumpieron temprano en su domicilio, filmaron el operativo por orden del Ministerio de Seguridad -no del juez-, difundieron imágenes del exfuncionario en su casa, descalzo, recién levantado y esposado para ser trasladado ante el juez.

Según relató el defensor de Boudou, el juez Ariel Lijo se disculpó por el procedimiento. «No tenía alternativa. Las cosas cambiaron a partir del fallo de la sala segunda», dijo. Se refería al fallo de un tribunal superior que hace dos semanas ordenó detener al exministro de Planificación Federal Julio De Vido -el ministro más poderoso de Cristina y de su antecesor, Néstor Kirchner-.

A pesar de tratarse de un diputado, la sala segunda de la Cámara exigió el desafuero de De Vido para detenerlo horas después y evitar que obstruya el proceso, según se argumentó. Esta resolución creó un polémico precedente, pues permitiría aplicar la prisión preventiva, sin juicio ni sentencia y hasta sin la declaración indagatoria. Sólo con la acusación y pese a los fueros. La nueva jurisprudencia puede volverse contra el propio Macri, acusado en diversas causas.

Por eso la oposición cree que el arresto de Cristina está más cerca y no sólo el de ella. El jefe del bloque de diputados de su espacio, Héctor Recalde, advirtió de que «no se puede descartar que vayan detrás de Cristina, o de Máximo», el diputado que es hijo de Cristina Fernández y del fallecido Néstor Kirchner.

Más procesos abiertos

Fernández tiene dos procesos por decisiones políticas de su Gobierno. Uno por operaciones de venta de dólares a futuro. Otro por sellar un acuerdo con Irán para avanzar en la investigación sobre el atentado a una mutual judía argentina en 1994. Antes de morir, el malogrado fiscal Alberto Nisman acusó a la entonces presidenta por «encubrimiento» en el caso de la mutual judía y la justicia la procesó.

También hay otras investigaciones que salpican a los hijos de la exmandataria, relacionadas con su fortuna y con el desarrollo de obras públicas en su provincia, Santa Cruz. En uno de estos procesos, Fernández debe presentarse a declarar el próximo jueves, 9 de octubre.

La estrategia del Gobierno argentino de denunciar la corrupción de la gestión anterior comenzó en enero de 2016 con el arresto de la dirigente opositora Milagro Sala, diputada electa del Parlasur. El proceso fue cuestionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que acaba de reclamar a la Corte «medidas provisionales» contra el Estado nacional por las irregularidades en la detención.

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