La Constituyente de Maduro anula al Parlamento

La asamblea chavista asume las competencias legislativas pero no disuelve la Cámara «para no se le acuse de golpe de Estado»

MILAGROS LÓPEZ DE GUEREÑO LA HABANA.

El Parlamento venezolano (Asamblea Nacional, AN) era el único de los cinco poderes -Legislativo, Ejecutivo, Judicial, Electoral y Ciudadano- que no se había subordinado a la todopoderosa Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida hace tres semans sin la participación de la oposición -que la considera ilegal- y compuesta, en consecuencia, solo por chavistas. Ayer este órgano plenipotenciario resolvió por unanimidad y a mano alzada asumir las competencias de la AN en temas esenciales para el país aunque sin disolverla. Los diputados, mayoritariamente de la oposición, deberán seguir trabajando. La cuestión es en qué.

Delcy Rodríguez, presidenta de la ANC, explicó que es la solución encontrada para que la oposición no pueda reclamar que el oficialismo ha dado «un golpe de Estado» al disolver el poder Legislativo.

La excanciller informó que la junta directiva de la AN había sido citada a una sesión conjunta en el Palacio Legislativo. Los legisladores no asistieron porque no reconocen las funciones del órgano plenipotenciario, lo que para el chavismo los vuelve a colocar en «desacato». La directiva de la Constituyente, elegida para modificar la Carta Magna, entendió que sus adversarios no quieren colaborar ni cumplir con sus funciones. Optaron por atribuirse funciones legislativas en un paso que el mundo ve como el agravamiento de la ruptura de la legalidad democrática y el chavismo como «paso necesario para avanzar en el reconocimiento del otro».

«Le daremos una lección histórica», fue la respuesta de Rodríguez al comunicado difundido por el Congreso: «Rechazamos, desconocemos y no compareceremos ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente y nos sometemos a la vigencia de la Constitución de 1999».

«Esperaban ser disueltos»

Después, los 545 constituyentes, todos chavistas, aprobaron que la ANC pueda «legislar sobre las materias dirigidas directamente a garantizar la preservación de la paz, la seguridad, la soberanía, el sistema socioeconómico, financiero, los fines del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos». Además están autorizados a dictar leyes. O sea, a ejercer el poder Legislativo.

También los diputados deberán ir a trabajar. Según Rodríguez, «tienen trabajo que hacer, pero apegado a la Constitución». Agregó que «ellos esperaban ser disueltos...no han sido disueltos ... ustedes siguen siendo diputados... tienen que funcionar de forma correcta... y tienen que aceptar las decisiones de la ANC... si no reconocen este decreto siguen al margen de la ley».

Por su parte, el escrito firmado por el presidente de la Cámara, Julio Borges, insistió en que la ANC «no es una auténtica asamblea constituyente» sino «un poder de facto» que «pretende perpetuar» a Maduro en el poder, que fue «avalada por 2 millones de personas» nada más y no por los 8 millones que según el poder Electoral eligieron a sus miembros el 30 de julio.

El diputado y dirigente de Primero Justicia, insistió que la ANC no hace más que contribuir a la «pobreza material» y supone un «secuestro de los derechos políticos y la destrucción de las instituciones democráticas» en Venezuela.

«Se quiere que todos los poderes del Estado respondan al Ejecutivo», agrega la carta, que reitera la petición a las Fuerzas Armadas de tener valentía para «defender la Constitución» y cumplir su juramento de proteger al pueblo.

Con la Constitución de 1999, la impulsada por Hugo Chávez, como bandera, la oposición insiste en considerar «fraudulenta» la elección de este nuevo cuerpo legislativo que dispondrá de poderes absolutos durante dos años o más.

A esta situación se llegó por el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Parlamento. En marzo el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), alineado al Gobierno de Nicolás Maduro, tuvo que dar marcha atrás a su intención de asumir funciones legislativas. Entonces la fiscal general, Luisa Ortega, se posicionó en contra del Gobierno. Hace unos días fue despojada de su cargo y está en paradero desconocido -se supone que en Miami o Colombia-, junto a su marido el diputado Germán Ferrer, acusado de corrupción.

La oposición mantiene su esperanza de competir en las elecciones regionales pero con la ANC dando el visto bueno a los candidatos que podrán entrar en liza -se han inscrito 226 para las 23 gobernaciones- cualquier cosa puede suceder.

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