El chavismo pretende unificar legislativas y presidenciales

Familiares de enfermos piden medicinas en Caracas. :: M. G. / efe/
Familiares de enfermos piden medicinas en Caracas. :: M. G. / efe

Cabello, número dos de Maduro, considera «ideal» adelantar dos años la elección a la Asamblea Nacional para acumular todo el poder

MILAGROS L. DE GUEREÑO CORRESPONSAL LA HABANA.

Diosdado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), propuso ayer darle la puntilla al Parlamento elegido en 2015 -el único poder del país en manos de la oposición antichavista- al proponer lo que consideró una solución «ideal». En su opinión, el 22 de abril debería acoger no solo las elecciones presidenciales, sino también los comicios legislativos aunque hubiera que adelantarlos dos años.

Según el dirigente, considerado número dos de Nicolás Maduro, dos meses son suficientes para organizar la votaciones y no ve «ningún tipo de inconveniente» para llevar a cabo un plan justificado por lo que llamó «vacío político» y la «inacción» del Parlamento. La iniciativa se presentará esta semana ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), el órgano paralelo al Legislativo creado por el régimen para suplantar a los legisladores. La luz verde se da por hecho, ya que esta cámara está integrada exclusivamente por chavistas.

Este nuevo sobresalto para la oposición venezolana, a la que ya pilló por sorpresa el adelanto de unas presidenciales, no deja de ser salvo otro «atropello» y un «intento de poner por la fuerza soluciones ilegítimas», según consideró el actual presidente de la Asamblea Nacional (AN), Omar Barboza. En cualquier caso, manifestó que nunca se «arrodillarán» ante el chavismo.

Los partidos de oposición debatían ayer sobre su participación en las presidenciales y la presentación de una candidatura unificada para enfrentarse a Nicolás Maduro. En la reunión se analizó la propuesta de Cabello, que calificaron de otro intento de golpe contra el Legislativo, una secuela a sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que declaró a la AN en desacato y anuló sus decisiones anuladas. Ese intentó de traspasar funciones parlamentarias al Poder Judicial desencadenó violentas protestas y propició que la entonces Fiscal General, Luisa Ortega, se posicionara contra el régimen

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