Diario Sur

La Haya no podrá juzgar a los rusos

Pilotos de la fuerza aérea rusa llegan a la base de Krasnodar, en el sur del país. :: SERGEI VENYAVSKY / afp
Pilotos de la fuerza aérea rusa llegan a la base de Krasnodar, en el sur del país. :: SERGEI VENYAVSKY / afp
  • Putin revoca el tratado de creación del Tribunal Penal Internacional, al que tampoco se someten chinos, israelíes y estadounidenses

En su estrategia de evitar que la justicia internacional impida a Rusia materializar su actual política exterior de expansionismo o aplicar decisiones arbitrarias dentro del país, el presidente ruso, Vladímir Putin, revocó la firma del Estatuto de Roma, que dio origen a la creación de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Rusia se suma así a Estados Unidos, China e Israel, cuyos ciudadanos tampoco están sometidos a esta jurisdicción.

La disposición que Putin ha promulgado con fecha de ayer decreta «aceptar la propuesta del Ministerio de Justicia, consensuada con el Ministerio de Exteriores, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y el Comité de Instrucción, de comunicar al secretario general de la ONU sobre la decisión de Rusia de no formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional», adoptado el 17 de julio de 1998 y al que Moscú se incorporó el 13 de septiembre de 2000, aunque nunca llegó a ratificarlo. El tercer punto del documento establece que la medida ha entrado en vigor desde el momento de su firma, lo que significa que Rusia ha dejado ya de estar bajo la jurisdicción de La Haya.

Ahora, tras el abandono de la jurisdicción del CPI, ningún ciudadano ruso podrá ser juzgado por este tribunal. Sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas podría exigir responsabilidades por crímenes de guerra, pero en su seno Rusia tiene derecho a veto. China, EE UU e Israel tampoco están sujetos a la jurisdicción de La Haya.

En un comunicado aparte del Ministerio de Exteriores ruso se afirma que «lamentablemente, el CPI no ha justificado las esperanzas puestas en él y no ha llegado a ser un órgano de justicia internacional independiente y de prestigio». El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha explicado que la decisión de Putin «tiene como objetivo la defensa de los intereses nacionales de Rusia».

Peskov insistió en que la medida no tiene nada que ver con las declaraciones hechas el pasado martes por la fiscal del CPI, Fatou Bensouda, en cuanto a que la anexión de Crimea y la ayuda militar de Moscú a los separatistas del este de Ucrania «podría considerarse un acto de guerra y de ocupación». Según Bensouda, los jueces de la Corte tratan de determinar si Rusia controla a una de las partes beligerantes en las regiones ucranianas de Donetsk y Lugansk y, de ser así, «habría que hablar de un conflicto armado en el que Rusia participa».

Georgia y Yukos

Otro choque entre Moscú y el CPI se produjo el pasado enero, cuando el Ministerio de Exteriores ruso denunció su «parcialidad» por iniciar una investigación por posibles crímenes de guerra durante la guerra relámpago lanzada por las tropas rusas contra Georgia, en agosto de 2008, después de que el Gobierno de Tiflis decidiera recurrir a la fuerza para recuperar el control sobre el conflictivo enclave separatista de Osetia del Sur.

Asimismo, el Tribunal de Arbitraje de La Haya condenó a Rusia en julio de 2014 a pagar 50.000 millones de dólares (46.770 millones de euros) a los propietarios de la petrolera Yukos por proceder a su desmantelamiento.

En diciembre del año pasado, Putin promulgó una ley para permitir a su país incumplir las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos si contradicen la Constitución rusa. Moscú firmó en 1996 el Convenio Europeo de Derechos Humanos y reconoció con ello la jurisdicción del Tribunal de Estrasburgo, que dictaminó en julio de 2014 que Rusia violó el Convenio por haber arrestado, detenido y expulsado colectivamente a ciudadanos georgianos del país de forma «arbitraria» en 2006.