Diario Sur

Colombia intenta una nueva paz

Iván Márquez y Humberto de la Calle se saludan al finalizar la reunión en La Habana. :: E. Osa / Reuters
Iván Márquez y Humberto de la Calle se saludan al finalizar la reunión en La Habana. :: E. Osa / Reuters
  • El Gobierno y las FARC anuncian un acuerdo «incluyente y respetuoso» y «mejor que el firmado en septiembre»

Colombia tiene un nuevo acuerdo de paz que, según el presidente del país, Juan Manuel Santos, «debe unirnos» porque es un texto «renovado, ajustado, precisado y aclarado» que, a ojos del jefe de la delegación del Gobierno, el Humberto de la Calle, es «mejor» que el firmado el 26 de septiembre y que ya entonces calificó de «el mejor acuerdo posible». Este nuevo documento, redactado tras más de 15 días y noches de intenso trabajo junto a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), es «nuevo, incluyente y respetuoso», incluye cerca de 60 cambios y ajustes y precisa, entre otras cosas, cómo el dinero de la guerrilla servirá para pagar las indemnizaciones de las víctimas, cómo será la «restricción de libertad», los espacios donde los arrepentidos cumplirán sus sanciones.

Álvaro Uribe, el principal promotor del 'no' al anterior acuerdo, pidió al presidente Santos que los textos anunciados en La Habana y firmados por De la Calle e Iván Márquez, el jefe de la delegación guerrillera en la Mesa de Dialogo, «no tengan aún un alcance definitivo y sean puestos en conocimiento de los voceros (portavoces) del 'no' y de las víctimas».

Según el comunicado conjunto, el nuevo acuerdo para el fin del conflicto armado integra «cambios, precisiones y aportaciones de los más diversos sectores de la sociedad y que se revisaron uno a uno». Recoge, además, los puntos que impulsaron el rechazo en el plebiscito del pasado 2 de octubre.

En concreto establece que no habrá cárcel para los arrepentidos, pero quienes confiesen la verdad sí cumplirán sanciones de cinco a ocho años de confinamiento. La pena puede llegar a 20 años de prisión efectiva para quienes no colaboren, bien sean guerrilleros, militares, funcionarios estatales y civiles responsables de crímenes durante la guerra. El texto establece también «los periodos de ejecución de las acciones reparadoras, la precisión del lugar de residencia, los mecanismos de monitoreo y la regulación del sistema de autorización para los desplazamientos por fuera de las zonas».

En todos los casos, la Justicia Especial para la Paz, que elimina la presencia de jueces extranjeros aunque acepta su apoyo, será quien autorice sus movimientos. Por su parte, la conexión de la guerrilla con el narcotráfico se revisará caso a caso. No hubo cambios en el punto de participación política de las FARC, para disgusto de Uribe lo que traerá polémica.