Cristina Fernández denuncia ser víctima de una «persecución política»

Tras su primera declaración judicial en una causa en la que está imputada por presuntas irregularidades en la concesión de obra pública durante su Gobierno, la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, denunció ayer «una formidable maniobra de persecución política» en su contra que busca su «proscripción electoral». La exmandataria, que comparó su citación judicial con la ofensiva que se cierne sobre su colega brasileño Luiz Inacio Lula da Silva, pidió la nulidad de la acusación y calificó la pesquisa de la Fiscalía como «un disparate mayúsculo».

Acompañada por unos 5.000 manifestantes, dirigentes políticos y un operativo de seguridad de 300 uniformados, Cristina se presentó ante el juez federal Julián Ercolini para una declaración indagatoria en la causa que investiga si favoreció con obras públicas en la provincia de Santa Cruz al empresario Lázaro Báez, de la constructora Austral, amigo de su difunto esposo, el expresidente Néstor Kirchner. Los fiscales sostienen que hubo «una matriz de corrupción» para favorecer a su «amigo y socio». Báez está preso por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.

Además de Cristina, en el proceso fueron citados Báez, el exministro de Planificación Julio de Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López, detenido cuando intentaba ocultar bolsas con nueve millones de dólares (8,2 millones de euros). Cristina no respondió a preguntas. Sólo leyó un escrito. Su defensa señala que no es posible responsabilizar a la presidenta y no citar siquiera al gobernador de Santa Cruz o a los sucesivos jefes de Gabinete encargados de administrar y ejecutar el presupuesto nacional aprobado por el Congreso.

«Esta es una maniobra regional y el Gobierno (de Mauricio Macri) la utiliza para tratar de tapar el desastre económico y social», acusó. «Yo quiero que se investigue, pero que se investigue todo», desafió. La expresidenta explicó que Austral está en el puesto 38 en la lista de contratistas del Estado integrada por 24.000 empresas y que la tercera es IECSA, propiedad del primo de Macri Ángelo Calcaterra. Cristina recordó que no sólo IECSA fue adjudicataria de numerosas obras en todo el país durante su Gobierno, sino que en algunos casos fue asociada a Austral.

Difamación

«Resulta ridículo», dijo, que sobre 107.000 millones de dólares en obras realizadas entre 2003 y 2015 (unos 97.000 millones de euros) «vean irregularidades en una sola provincia y en una sola empresa», remarcó. «Apuntan contra dirigentes que puedan ser candidatos. Buscan la proscripción, la difamación y la estigmatización», declaró, y propuso constituir una comisión parlamentaria que audite toda la obra pública realizada desde 2003.

Mientras, otro juez, Claudio Bonadío, ordenó registrar propiedades de la exmandataria en Santa Cruz, en otra investigación sobre sus bienes. Para tasar las propiedades, el juez autorizó «el uso de la fuerza pública y la fractura de puertas de acceso que se encuentren cerradas».