Diario Sur

La oposición quiere juzgar a Maduro

  • El anunciado diálogo en Venezuela con mediación del Vaticano queda en el aire por la decisión de la Asamblea Nacional de procesar al presidente

El Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, acordó ayer iniciar un juicio «político y penal» contra el presidente, Nicolás Maduro, para determinar su responsabilidad en lo que la Cámara considera «ruptura del hilo constitucional» como consecuencia de la suspensión judicial del referendo revocatorio para echar al mandatario. La Asamblea Nacional aprobó iniciar un «procedimiento» contra Maduro y ordenó a una comisión preparar un estudio «sobre la responsabilidad» penal y política y «abandono del cargo», una figura prevista en la Constitución para cuando el presidente deja de ejercer sus atribuciones. Calificándolo de «juicio político», aunque esta figura no está estipulada en la Carta Magna, los diputados también acordaron citar a Maduro a la sesión del próximo martes para que «se someta al escrutinio del pueblo» y responda a las acusaciones.

La propuesta fue presentada por el jefe de la bancada opositora, Julio Borges, quien la justificó en la declaración que hizo el domingo el Parlamento acerca de que el freno al referendo consumó un «golpe de Estado» en el país petrolero. Poco antes de la votación, el diputado Diosdado Cabello, número dos del chavismo, había calificado la iniciativa como «un absurdo» y recordado que el Parlamento fue declarado en «desacato» por la justicia y sus decisiones se consideran nulas.

La nueva trifulca deja en el aire el comienzo del proceso de diálogo entre Gobierno y oposición anunciado la noche del lunes gracias a la mediación del Papa. La teórica primera cita, prevista para el domingo, cosechó comunicados y declaraciones de bienvenida en Europa y Latinoamérica. Pero no es seguro que termine concretándose. La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pide que las conversaciones sean cara a cara y en Caracas, y no en la isla Margarita. Además la oposición mantiene sus planes, como la marcha de hoy bautizada como 'Toma de Venezuela' en respuesta a la paralización del referéndum revocatorio. Varios de sus líderes quieren diálogo pero sin concesiones. Y otros, como el ex candidato presidencial Henrique Capriles, se enfrentan a la MUD al pedirle que aclare la «confusión» sobre los términos del proceso.

El también gobernador de Miranda aseguró que se enteró del acuerdo por televisión, indicó que «en Venezuela no se ha iniciado ningún diálogo» y responsabilizó al Gobierno de la confusión generada por la visita del representante del Vaticano, Emir Paul Tscherrig, por su interés en «destruir la Unidad, subirle el volumen a lo que quiere subirle el volumen y bajarle el volumen a lo que quiere bajarle el volumen».

De todos los opositores, Capriles fue el más duro: «Yo le digo al Papa Francisco: Aquí nosotros estamos lidiando con el diablo, la lucha de los venezolanos es contra unos diablos». Dijo que apuesta por el diálogo pero que si se da en esta ocasión sólo acudiría por el Papa, pues «Maduro es capaz de mentirle al Papa, de burlarse del Papa. El Papa sabe lo que está pasando en Venezuela».

El diputado opositor Julio Borges insistió: «Seguimos con la misma hoja de ruta, con un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y con la acusación a las rectoras por violar la Constitución, para rescatar el hilo constitucional y mañana (por hoy) en la calle el pueblo la respaldará».

Por su parte, Américo de Grazia, legislador por Bolívar, miembro de la Comisión de Energía, Petróleo y Minas, y secretario general de la Causa R, enfatizó que «no están dadas las condiciones para un diálogo y muchos menos después del asalto a la AN» del domingo, del que acusó al diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Jorge Rodríguez. «La violencia es lo que lo caracteriza y representa», agregó.

Para el secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, la intervención del Papa Francisco es una señal de esperanza de que «el diálogo es el camino que producirá mayores beneficios políticos con menores costes sociales y en menor tiempo (...). En Unasur somos conscientes de que las crisis políticas no se resuelven con menos sino con más democracia y que la legalidad debe ir siempre de la mano de la legitimidad», expresó la organización en un comunicado.