Diario Sur

El juez acepta los cargos por corrupción contra Lula, quien será procesado

El juez Sergio Moro, a cargo de la investigación del escándalo de Petrobras, aceptó tramitar ayer una denuncia por corrupción y blanqueo de dinero contra el expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. «Habiendo indicios suficientes de autoría y materialidad, recibo la denuncia» presentada por la fiscalía, señaló Moro en un escrito distribuido a la prensa.

La procuraduría general inculpó a Lula de haber recibido beneficios por un equivalente de 3,7 millones de reales (un millón de euros) de la constructora OAS, una de las principales involucradas en la confabulación que se infiltró en Petrobras para desviar fondos públicos hacia la política. Lula «sería beneficiario directo de ventajas concedidas por el Grupo OAS y, según la denuncia, tendría conocimiento de su origen en el esquema delictivo que afectó a Petrobras», afirma el texto de Moro, que cita a la Fiscalía.

La acusación sostiene que una empresa de OAS revirtió a Lula «parte de los valores recibidos de licitaciones fraudulentas en Petrobras». Los sobornos se transfirieron «mediante la compra, personalización y decoración de un apartamento tríplex en Guarujá», en el litoral paulista. La causa involucra también a su esposa, Marisa Leticia da Silva, al presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto; al exresponsable de la constructora OAS Leo Pinheiro y a otros cuatro ejecutivos de esa empresa.

Operación 'Lava Jato'

Lula siempre negó terminantemente ser el propietario del inmueble. Ahora, Lula tendrá que enfrentar por primera vez cara a cara con Moro, un magistrado de primera instancia de Curitiba, admirador del caso 'Mani Pulite' en Italia. Sus investigaciones en el marco de la operación 'Lava Jato' (lavadero de autos) sobre el escándalo Petrobras pusieron en la mira a decenas de parlamentarios y enviaron a prisión a políticos y empresarios de la élite local.

Lula, de 70 años, es acusado además por la fiscalía de ser el «comandante máximo» del esquema de corrupción que durante una década drenó más de 1.800 millones de euros de la petrolera estatal, aunque esa denuncia no dio lugar hasta el momento a ningún pedido formal de inculpación. Aun así, el caso volvió a sacudir al país, dos semanas después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, heredera política y sucesora de Lula, por maquillaje y manipulación de las cuentas públicas.