El TSJA rechaza que Alhaurín el Grande adelante los gastos de la defensa de sus empleados

El Ayuntamiento modificó el Reglamento Orgánico municipal para que sus miembros pudieran pagar a sus abogados con dinero del erario público

Fernando Torres
FERNANDO TORRES

Casi ocho años después de que se cerrara, el caso Troya sigue dando coletazos. En este caso, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rechazado una modificación del Reglamento Orgánico que el Equipo de Gobierno de Alhaurín el Grande llevó a cabo en el año 2010, justo en el momento en el que la trama de delitos urbanísticos empezaba a llevar a los acusados al banquillo, entre ellos el anterior alcalde, Juan Martín Serón, que abandonó el cargo fruto de su implicación en los casos investigados. La edición del documento permitía que se contemplara la posibilidad de que los cargos públicos de la corporación recibieran de la misma los gastos derivados de su defensa legal en los tribunales al ser investigados por cualquier orden jurisdiccional.

Según se recoge en la sentencia emitida por el TSJA el pasado 31 de marzo y a la que SUR ha tenido acceso, el reglamento orgánico fue modificado en el Pleno del 21 de octubre de 2010. La demanda que puso en conocimiento de las autoridades dicho movimiento se formalizó en 2012, tras recogerse en numerosos escritos el «malestar de los vecinos de Alhaurín el Grande».

El juez que firma la sentencia asegura que la modificación del documento municipal para que los cargos públicos puedan recibir el dinero por adelantado para defenderse en una causa legal «contraviene lo establecido por el Alto Tribunal» y supone una invasión de un organismo municipal en cuestiones que no son de su autonomía. Sí reconoce que los políticos y funcionarios «podrán percibir indemnizaciones en la cuantía y condiciones que acuerde el Pleno» si se da el caso de que la sentencia sea exculpatoria.

Según la alcaldesa, esta medida no se hizo «sólo para el caso de Martín Serón, sino para beneficiar a todos los funcionarios»

Por todo ello, el juez concluye en la «improcedencia de semejante previsión», no tanto por no ser considerada como una indemnización, sino por dejar de lado los requisitos que exige la ley para que esta se entregue a los investigados. Así, anula el inciso del artículo 22 del Reglamento Orgánico en el que se incluyó la modificación e impone al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande a hacer frente de los gastos procesales fruto de la demanda.

«Nunca se utilizó»

Por su parte, la actual alcaldesa del municipio, Antonia Ledesma -compañera de Martín Serón por aquél entonces-, aseguró en declaraciones a este periódico que dicha modificación «nunca se ha llegado a utilizar». «Nosotros editamos aquella cláusula con los informes favorables de los secretarios, que nos dijeron que no había problema legal». Al parecer, «los habilitados tenían un punto de vista diferente al del Tribunal Superior de Justicia» y ahora se verán obligados a rectificar. Según la regidora, no se hizo «sólo para el caso de Martín Serón, sino para beneficiar a todos los funcionarios en la defensa legal fruto de su trabajo». Apuntó que «seguramente se modifique en el próximo Pleno Municipal y ya está».

Desde el grupo municipal de Izquierda Unida, catalogan el resultado de esta sentencia como una ratificación de su postura desde el momento en el que se produjo el cambio del reglamento: «Sabíamos que no era legal y así lo dice el juez». Aseguran que el equipo de Gobierno «desoyó a la oposición como sigue haciendo ahora». Un portavoz del grupo apostilló que se hizo «en pleno caso Troya, por lo que no respondía a los intereses del pueblo, sino a los de los políticos corruptos». Para Izquierda Unida, esta irregularidad es «una más» que se corresponde a una «actitud dictatorial de la que siempre han hecho gala, por eso nos opusimos desde el principio».

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