Las ONG piden puntos de acogida para los inmigrantes de la cárcel de Archidona

Miembros de Cruz Roja, en las puertas de la cárcel de Archidona preparando la recepción de inmigrantes, el lunes/F. Torres
Miembros de Cruz Roja, en las puertas de la cárcel de Archidona preparando la recepción de inmigrantes, el lunes / F. Torres

Málaga Acoge ve indicios de que haya menores en el interior de la prisión y pide a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía que garanticen su seguridad

Fernando Torres
FERNANDO TORRES

Diferentes asociaciones, partidos políticos y ONGs del entorno local y nacional han criticado el traslado de medio millar de inmigrantes a la cárcel de Archidona, todavía sin inaugurar. Desde que se conoció la medida, tomada por el Ministerio de Interior el pasado lunes tras recibir de forma masiva a numerosos argelinos en las costas de Murcia y Almería, el rechazo ha sido prácticamente unánime. Ayer, desde Málaga Acoge y la plataforma Solidaridad para los Inmigrantes –ambas con más de veinte años de labor social en la ciudad–, pidieron que se llevara a cabo «el protocolo habitual», por el cual se buscan puntos de acogida a través de las diferentes entidades que colaboran con el Estado.

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La presidenta de Málaga Acoge, Arantxa Triguero, explicó que lo habitual es que «el Gobierno se ponga en contacto con entidades sociales» para ver «qué espacios hay disponibles». Recordó que Interior debería haber consultado el estado del resto de Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) del país, evitando así «llevarlos a una prisión», algo que cataloga de «ilegal» y que numerosas organizaciones han señalado como una vulneración de los derechos humanos, a pesar de que el centro no estuviera en funcionamiento.

Sindicatos presentan denuncias en varios juzgados

El sindicato de prisiones Acaip registró ayer denuncias en los juzgados de Vera (Almería) y de Archidona en relación con el ingreso de casi medio centenar de migrantes llegados en los últimos días en pateras a las costas españolas en la cárcel de esta última localidad, que aún no ha sido inaugurada ni abierta oficialmente, según confirmó el presidente del colectivo, José Luis Pascual. Así, Pascual señaló que en el juzgado de Archidona se denunciará por supuesta «detención ilegal, que es lo que se está produciendo, porque se está manteniendo en una cárcel a alguien que no tiene un mandamiento de prisión sino tiene una orden judicial que dice justamente todo lo contrario, que es su traslado a un centro no penitenciario». Se prevén más denuncias en Madrid y Murcia.

Por su parte, el presidente de la Plataforma Solidaria con los Inmigrantes, Luis Pernía, explicó que el Ministerio «debería haber ubicado a estas personas a través de ONGs, polideportivos, hoteles y casas religiosas». Pernía tachó la medida de «apaño» que choca con la lucha por los derechos de las personas que se lleva implementando años en este tipo de operaciones.

Esta consideración la hicieron pública después de haber podido visitar el centro penitenciario y haberse entrevistado con diez de las personas que ya están ingresadas allí. Triguero explicó que Málaga Acoge y veinte asociaciones más han presentado un escrito ante el Defensor del Pueblo solicitando que se ponga fin a esta situación.

Trato «apropiado»

Además, Triguero formó parte de la comitiva que pudo acceder a las instalaciones a última hora del martes. «Nos tuvieron esperando 45 minutos y el máximo responsable nos pidió si podíamos hacer la visita al día siguiente», cuenta, aunque explica que el trato fue «apropiado» y que finalmente pudieron entrevistarse con una decena de inmigrantes, aunque lo tuvieron que hacer separados por una mampara. Pudieron comprobar que «están durmiendo en las celdas y por parejas», y que tienen varios puntos «sobre los que hay que incidir».

Según el relato de los ingresados, no tienen acceso a sus pertenencias, que permanecen custodiadas en unas taquillas. Además, explica que la cárcel no está terminada y que muchos piden poder tener acceso a un teléfono «para avisar a sus familiares de que están bien». Arantxa Triguero señala que, tras finalizar la visita –que duró dos horas–, dejaron un escrito en manos del máximo responsable, que se comprometió a «estudiar todas las peticiones».

Ambas asociaciones han denunciado la posibilidad de que dentro del centro haya un menor de edad, ya que aseguran que era «evidente» que uno de los entrevistados no superaba los 18 años. Así lo notificaron a la Fiscalía y a la Junta de Andalucía, pidiendo que tomen las medidas necesarias para identificarlos y garantizar la seguridad de los menores, que según los juristas de Málaga Acoge «deberían estar en un centro de menores».

Fuentes de Cruz Roja, organización encargada habitualmente de dar atención a los inmigrantes dentro de los CIE, y que también lo está haciendo dentro del centro penitenciario, explicaron a este periódico que el próximo lunes recibirán la incorporación de unos quince monitores encargados de organizar talleres y actividades y que se sumarán a los cuatro sanitarios que ya están en el centro.

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