«Si la muerte en prisión fue un suicidio también debería haber consecuencias»

Rubén Quirante, portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona. :: sur
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Rubén Quirante, portavoz de la Plataforma Ciudadana contra el CIE de Archidona. :: sur

El colectivo se plantea seguir con su lucha una vez ha finalizado el internamiento de extranjeros en la cárcel de Archidona Rubén Quirante Portavoz de la Plataforma contra el CIE de Archidona

El internamiento de 570 extranjeros en la todavía sin inaugurar prisión de Archidona estuvo rodeado de polémica en el plano político y social. En este último, el episodio (tildado de ilegal por numerosos colectivos), ha tenido como consecuencia la creación de una plataforma ciudadana afanada en llegar hasta el final y que se depuren responsabilidades. Rubén Quirante, profesor de Francés en el centro Luis Barahona de Soto de Archidona, es uno de sus portavoces.

-Aunque parezca evidente, ¿por qué nace la plataforma?

Nace para dar una respuesta a lo que estábamos viendo a raíz del encarcelamiento de inocentes en la prisión de Archidona, que era una auténtica barbaridad. Coincidimos mucha gente que provenía de diferentes colectivos, plataformas y partidos políticos. Nos conocimos todos en una manifestación frente a la cárcel el 26 de noviembre, motivados además por la presencia de algunos de los familiares de los internos.

-¿Cómo fue el proceso?

-Empezó allí mismo, delante de la cárcel, en cuanto acabó la concentración, de manera natural. Una serie de compañeros y compañeras planteamos una asamblea y nos sentamos a hablar. Allí estuvimos viendo cómo seguir adelante. Al martes siguiente que nos citamos en una primera asamblea que hicimos en la biblioteca municipal de Archidona. Allí nos constituimos formalmente.

-¿Cuáles fueron sus prioridades al fundar la asociación?

Teníamos a los familiares allí, era el momento álgido. Propusimos algunas medidas para echar una mano a esas personas que estaban durmiendo en los coches. Quisimos que se pusiera a disposición de esos migrantes las estructuras municipales, el albergue del pueblo, que estuviera para que las familias pudieran dormir.

-¿Lo cedieron?

-No no, nos dejaron un pequeño albergue, de transeúntes o de tránsito, en el que solo podían estar una noche y con dos o tres camas. Eso es lo único que se facilitó desde el Ayuntamiento además de la negativa. Finalmente, las familias bajaban, veían a los internos y subían de nuevo a Francia.

-¿Qué más trataron en esa primera asamblea?

-Se propuso cómo participar y gestionar todas las informaciones que nos llegaban, como que los familiares no podían ver a los internos sin la mampara de seguridad de las cárceles, que tenían frío, que no había ropa... Se planteó la primera acción solidaria del 5 de diciembre, en la que recogimos ropa y se hizo una entrega posterior. Ahí fue la primera vez que pudimos entrar en la cárcel y empezamos a ver que lo que nos decían los familiares era cierto. Los internos nos hablaron de la escasez de servicios médicos y de alimentos, de todo eso que posteriormente denunció el Defensor del Pueblo.

-Y entre manifestaciones amanecieron con la noticia de la muerte en el interior de la prisión. ¿Cómo les sentó el golpe?

-Lo recuerdo perfectamente. Cuando amaneces con la noticia de que se ha muerto uno de los inmigrantes, el primer sentimiento que tuve fue de asco. De repulsa total. Es una muerte que se podría haber evitado, es el primer sentimiento, asco denuncia y repulsa, porque la muerte fue consecuencia de acciones políticas concretas. Eso es lo primero que nos pasó por la cabeza. Además, fue una situación que veíamos que podía ocurrir, veíamos que las condiciones eran malas, sabíamos que había acciones de repulsa en el interior de la cárcel.

-Se presentaron como acusa

-Desde el primer momento queríamos una investigación cristalina y transparente, igual que ahora.

-El auto en el que se archiva la causa dice que no hay posibilidad de homicidio porque en las cámaras se ve que nadie interviene... ¿no están de acuerdo?

-No es una cuestión de estar de acuerdo o no con el auto, sino con el proceso. Queremos que haya una investigación profunda y tenemos claro que el proceso no ha podido permitir que haya conocimiento de lo que pasó realmente. Hay muchas irregularidades como para que se cierre el caso. Nosotros nos enteramos por la prensa cuando estábamos pidiendo documentación como acusación popular. El caso se cierra con el informe preliminar de la autopsia y las diligencias policiales. Entendemos que hay un problema grande ya que se ha dejado fuera el testimonio de los posibles testigos. El juez se ampara que hay unos vídeos que aseguran que ahí no había entrado nadie, pero eso no significa que no haya testimonios. Puede haber testigos que escucharan algo. Eso son elementos que demuestran que no ha habido una investigación seria, no por errores sino porque no hay interés en saber la verdad. Además, esa persona estuvo 18 horas aislada, no comió, ni bebió, ni tuvo ningún tipo de contacto. No sabemos si gritó ni pidió ayuda y no hay autorización judicial para aislarla. Si fue un suicidio también debería haber consecuencias, responsables, tanto en los que lo custodiaron como en los políticos que tomaron la decisión.

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