La línea eléctrica del Hospital del Guadalhorce, pendiente del acuerdo entre Endesa y Cártama

Una de las actuaciones desarrolladas en Villafranco del Guadalhorce. /F. T.
Una de las actuaciones desarrolladas en Villafranco del Guadalhorce. / F. T.

El plan especial sigue sin ser renovado a falta de un informe de la Junta mientras la opción de la licencia provisional permanece en el aire

Fernando Torres
FERNANDO TORRES

El nuevo Hospital Comarcal del Valle del Guadalhorce sigue teniendo problemas en la red eléctrica y las soluciones continúan estancadas en los despachos. La construcción de la nueva línea que garantizará el correcto funcionamiento de los quirófanos (cerrados actualmente por la inestabilidad de la red) estaba prevista para principios de este 2018, y de momento no han comenzado los trabajos. Se espera que hoy tanto Endesa como el Ayuntamiento de Cártama cierren el acuerdo mediante el cual las obras podrán arrancar con una licencia provisional o deberán esperar a que concluya la modificación del plan especial, para lo que tan solo queda el informe favorable de la Agencia Andaluza del Agua. Mientras tanto, la plataforma pro-hospital alerta de que, si no se cumplen los plazos, habrá movilizaciones.

Cuando los responsables del centro hospitalario se dieron cuenta de que la red eléctrica era insuficiente para alimentar los quirófanos sin riesgo de apagones y Endesa decidió evaluar la situación, se encontraron con que dicho documento maestro, redactado en 2007, no contemplaba la actuación. Comenzó así el camino burocrático en el que se abrieron tres alternativas: la primera, prácticamente desestimada desde el principio por su complejidad, era solicitar a la Junta de Andalucía que declarase la intervención de interés público, por lo que no habría que modificar dicho plan. Las otras dos opciones entre las que se debaten Ayuntamiento y Endesa son esperar a modificar el plan o proceder con una licencia provisional mientras avanza el proceso.

Ayer finalizó el periodo de alegaciones de la modificación al plan especial, punto que se acordó para que Endesa solicitara la eventual licencia provisional si no había objeciones de peso por parte de los afectados en el trazado de la nueva línea. Según fuentes de ambos organismos, sólo ha habido una alegación que no altera la esencia de la actuación. El concejal de Urbanismo del municipio, Juan Francisco Lumbreras, apuntó ayer a SUR que por su parte confían en que Endesa solicite la licencia provisional para que los trabajos comiencen cuanto antes. Desde la compañía eléctrica no dieron detalles en torno a la decisión y no se conocerá hasta hoy.

A la espera de la Junta

La solicitud de una licencia provisional obligaría, tanto a Endesa como a la concesionaria encargada de la financiación del proyecto, a acreditar que podrían eliminar todas las infraestructuras en caso de que la licencia definitiva sea desfavorable. Esa exigencia supone asumir un riesgo económico considerablemente alto dadas las posibilidades de tener que deshacer lo andado ante cualquier tipo de eventualidad burocrática. Desde el Ayuntamiento, Lumbreras dijo confiar en que Endesa acepte este atajo en favor de que la intervención comience cuanto antes.

Según fuentes de la eléctrica, una vez comiencen los trabajos (ya sea con la licencia provisional o la definitiva), la duración de la obra será de entre tres y cuatro meses, una vez estén listos todos los permisos.

Una vez finalizado el periodo de alegaciones del plan especial, tan sólo queda el consentimiento de la Agencia Andaluza del Agua (Junta de Andalucía), que debe aprobar la inclusión de la nueva red en el documento, ya que varios tramos cruzan diferentes arroyos y acuíferos. El periodo para que la Agencia emita sus valoraciones finaliza dentro de un mes. «Todavía no vamos a ‘meter prisa’ porque están dentro del plazo previsto», dijo ayer el concejal de urbanismo.

Si la Agencia Andaluza del Agua da el visto bueno a las modificaciones, el Ayuntamiento tendría vía libre para redactar un informe provisional cuya aprobación definitiva estará de nuevo en manos de la Junta de Andalucía (con un plazo de varios meses para tomar la decisión). La Consejería de Salud de la Junta es la principal beneficiaria de este procedimiento, por lo que Lumbreras confía en que no se demoren.

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