La Junta niega trabas burocráticas para la reforma del Acueducto del Rey

Estado actual del Acueducto del Rey. /SUR
Estado actual del Acueducto del Rey. / SUR

El Gobierno Andaluz esgrime que el estudio técnico solicitado es un requisito legal, obligatorio y que está previsto en actuaciones de este tipo

Fernando Torres
FERNANDO TORRES

La Junta de Andalucía no ha cambiado su postura con respecto a la eventual reforma del Acueducto del Rey, un monumento del siglo XVIII que está en mal estado. Esta semana, la Fundación Las Canteras ha anunciado que renuncia a la intervención (presupuestada en 47.000 euros ya reservados de los fondos anuales de la organización), argumentando «trabas burocráticas impuestas por la delegación de Cultura» de la Junta. Según aseguraron ayer desde la administración autonómica a este periódico, las exigencias que han hecho que el proyecto se cancele son por «requisito legal».

Los argumentos de la fundación están basados en que la Junta les pidió la redacción de un proyecto técnico valorado en 6.000 euros con un plazo de diez días, sin garantías de que la entrega del documento sea sinónimo de que se apruebe la intervención. Esto fue valorado por los responsables de la institución como una forma de dejar morir el proyecto. La Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía indicó ayer que, al tratarse de un monumento con expediente incoado para su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), «toda intervención sobre el mismo requiere, por exigencia legal, un proyecto de conservación que permita afrontar la misma con las debidas garantías».

En este sentido, desde la Junta argumentan que cuando recibieron la solicitud (en agosto del pasado año), ésta estaba acompañada «de una somera memoria de un folio de extensión y de una valoración económica que ascendía a 47.120 euros, realizadas ambas por una empresa constructora». En cuanto al plazo de diez días -uno de los puntos más criticados por parte de la Fundación tras haber esperado seis meses la respuesta-, la Junta argumentó que «es el establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas». Sin embargo, explicaron que este plazo se puede ampliar y que «en ningún caso» se quedaría una intervención sobre un monumento sin llevar a cabo por cuestiones de el tiempo para redactar el proyecto».

Argumentan que el proyecto permite mantener un control sobre el monumento Recuerdan que el precio de un estudio técnico no puede ser excusa para prescindir de él

Desde Cultura hicieron hincapié en la necesidad de redactar el proyecto técnico más allá de por ser una exigencia legal. «Contar con un proyecto de conservación cuando se actúa sobre un Bien de Interés Cultural, además de ser una exigencia legal, permite disponer de una diagnosis de su estado, una descripción de la metodología a emplear y una propuesta de actuación con el debido soporte teórico y técnico, no sólo económico».

Por último, desde la delegación quisieron mostrar su agradecimiento por luchar por el mantenimiento de los monumentos de la provincia, pero recordaron que la conservación y restauración del Patrimonio Histórico «no es sólo una cuestión de cantidades invertidas, sino que estas inversiones deben hacerse fruto de una análisis previo y con la aplicación de criterios técnicos rigurosos y ajustados a la legalidad». Por tanto, como conclusión, consideran que «el coste de la redacción de un proyecto de conservación no puede admitirse como argumento para prescindir del mismo».

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