Ecologistas piden el cierre definitivo de las canteras ilegales de Alhaurín de la Torre

Vista de las canteras abiertas en la zona de Pinos de Alhaurín./SUR
Vista de las canteras abiertas en la zona de Pinos de Alhaurín. / SUR

Amenazan con llevar el caso a la Fiscalía tras comprobar que la Junta de Andalucía mantiene el yacimiento en suspenso cuatro años después del fin de la licencia

Fernando Torres
FERNANDO TORRES

La Plataforma por la Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS) ha remitido un escrito a la Junta de Andalucía pidiendo el cierre definitivo de las canteras ilegales de Alhaurín de la Torre (entre las que se encuentra la de Pinos, recientemente investigada por mantener su actividad extractiva pese a la prohibición del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía). Lo ha hecho tras conocer que la Junta de Andalucía mantiene presuntamente una suspensión de actividad al yacimiento extractivo en contra de lo que dicta la legislación en materia de minas, ya que este tipo de formatos legales corresponden a circunstancias excepcionales que impiden el desarrollo de las labores (catástrofes naturales o falta de personal, entre otras). En este caso, la suspensión está permitiendo que las canteras no cierren definitivamente pese a no tener licencia municipal.

Esta compleja situación legal ha sido identificada por la PDSS tras tener acceso al informe que redactó el Seprona de la Guardia Civil al sorprender a la empresa Cantera Pinos de Alhaurín durante unos trabajos ilegales. En dicho documento, los agentes que efectuaron la comprobación recogen que el responsable acreditó una suspensión emitida por la Junta en el año 2014, año en el que finalizó el plan especial de regeneración. Durante este programa, las canteras realizaron labores de regeneración de la sierra mientras comercializaban los excedentes de esta actividad (restos de las terrazas etcétera), y fue lo que justificó la suspensión que se entregó a la Guardia Civil.

Este tipo de documentos tienen una vigencia de un año, periodo tras el cual han de ser renovadas por el organismo competente. Además, según la ley de Minas, si una cantera permanece más de seis meses sin actividad puede ser cerrada de forma definitiva. Por ello, desde la plataforma, según explica su abogado, Francisco Galán, piden el cierre definitivo de las cuatro empresas que fueron sancionadas por el TSJA: Áridos y Reforestación, S.A., Cantera el Troconal, Compañía General de Canteras, S.A., Cantera Taralpe y Pinos de Alhaurín 144 S.L., Cantera Pinos de Alhaurín.

Silencio administrativo

Además, tal y como se registra en el escrito, desde la plataforma advierten a la Junta; «Significándole que de no actuar administrativamente, pondremos los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal por si hay alguna actuación ilegal en su quehacer administrativo». La PDSS asegura en el documento que han trasladado numerosas quejas a la Junta y a las consejerías pertinentes, pero que la administración regional «ha optado por el silencio administrativo».

Por todo ello, «se ve que esa Delegación Territorial de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en Málaga y su Delegado, incumple a sabiendas normas mineras» y con su actuación «protegen las actuaciones de empresas ilegales extractivas». Así de tajante lo expresan desde la PDSS, deseosa de poner fin a un proceso que se remonta a antes de la entrada del milenio y que en los últimos meses se ha reavivado por la documentación mediante un video de la actividad ilegal en la cantera de Pinos.

Por su parte, desde Minas aseguran a SUR que la consejería ha recibido la comunicación de la plataforma y la están tramitando. «Será respondida por medios oficiales», expuso un portavoz, que evitó dar detalles con respecto a la solicitud de cierre o a la amenaza de denuncia. En el momento en el que el Seprona notificó la violación de la sentencia del TSJA, la Junta ha asegurado estar tomado todas las medidas necesarias, barajado si cabe la apertura de expediente.

Actualmente el Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre mantiene abierto un expediente sancionador a la empresa por operar sin licencia. El proceso está en fase de revisión y alegaciones, pero el Consistorio pide que la sanción sea de 90.000 euros, la cuantía más alta que contempla la ley en estos casos, ya que el Consistorio sancionó a la misma compañía por motivos similares hace varios años.

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