Denuncian a la alcaldesa por negarse a cambiar el nombre de Villafranco del Guadalhorce

Fotografía de archivo de la plaza Mayor de Villafranco del Guadalhorce. :: sur/
Fotografía de archivo de la plaza Mayor de Villafranco del Guadalhorce. :: sur

Esta pedanía, creada hace más de medio siglo, es la última localidad de Andalucía que vulnera la Ley de Memoria Histórica al hacer referencia al dictador

FERNANDO TORRES

El abogado Eduardo Ranz, especializado en Memoria Histórica y conocido por denunciar al Estado Español ante la ONU por no cumplir con la exhumación de los cuerpos del Valle de los Caídos, ha demandado a la alcaldesa de Alhaurín el Grande, Antonia Ledesma, por «negarse a cambiar el nombre de Villafranco del Guadalhorce». Esta pedanía, creada en los años cincuenta del siglo pasado, es la última localidad de Andalucía que hace referencia a Francisco Franco, «máximo exponente de la exaltación de la Guerra Civil y la dictadura», según explicó ayer el letrado en declaraciones a Europa Press. Por su parte, Ledesma aseguró a este diario que en el Ayuntamiento no tienen constancia formal de dicha denuncia, y que ella «nunca» se ha negado a cambiar el nombre: «Es algo que en el pueblo jamás nos hemos planteado, ni los vecinos ni los partidos políticos».

Según informó el letrado, en 2015 se iniciaron acciones legales encaminadas a «redefinir democráticamente» los tres «municipios franquistas» que en ese momento aún existían: Bembézar del Caudillo (Córdoba), Queipo de Llano (Puebla del Río, Sevilla) y Villafranco del Guadalhorce. Hasta la fecha, los municipios de Córdoba y Sevilla han sido «debidamente redefinidos adaptando el nombre a la Constitución Española, y al Estado de Derecho». Ledesma reconoce que el Consistorio tiene constancia de dos registros de entrada que llevó a cabo el abogado solicitando la modificación de nomenclatura en virtud de la Ley de Memoria Histórica, los cuales fueron declarados inadmisibles por el organismo municipal. Para ello, se ampararon en diversos motivos jurídicos y en la inexistencia de un plazo fijado por ley para la acometida de las modificaciones.

Tras sendos rechazos, Ranz ha procedido a denunciar a la alcaldesa por prevaricación y vulneración de la Ley de Memoria Histórica. «La denominación franquista supone una vulneración del artículo 15» de dicha ley, explicó a Europa Press. No obstante, Ledesma se ampara en los decretos de alcaldía que se emitieron en respuesta a las solicitudes 'amistosas' de Ranz, que «no son prevaricadores en absoluto». Además, la regidora señala al auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 2 de Málaga, que no admitió a trámite el recurso previo interpelado por Ranz tras la negativa del Ayuntamiento. En dicho auto, al que este periódico ha tenido acceso, la jueza declara inadmisible la solicitud ya que está dirigida al Ayuntamiento de Villafranco del Guadalhorce -que no tiene al tratarse de una pedanía dependiente de Alhaurín el Grande- y no a la entidad pública correspondiente.

LA FRASEAntonia Ledesma Alcaldesa de Alhaurín el Grande «Si existe una sentencia que nos obligue a cambiar el nombre, se hará, con el consenso de los vecinos»

Trámites legales a parte, Ledesma sostiene que el cambio del nombre de la pedanía «nunca se había debatido, ni en el Ayuntamiento ni en las calles». Fue a raíz de los escritos de Ranz que el tema llegó al debate público. En el pleno municipal de Alhaurín, celebrado el 28 de diciembre de 2016, durante los ruegos y preguntas, el grupo municipal de Alternativa Socialista Alhaurina instó a la corporación a responder a la solicitud, ya que el mantenimiento del nombre de Villafranco supondría una «vulneración de derechos fundamentales». Ante esto, Ledesma respondió en su día que se trataba de un tema «muy delicado», y que «no sería ella» la alcaldesa quien cambiará el nombre de la pedanía sin consultarlo con los vecinos. En declaraciones a SUR, Ledesma asegura que «si existe una sentencia judicial que obligue a cambiar el nombre se hará, con el consenso de los ciudadanos y de los partidos políticos».

José Sánchez, presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de Málaga, aprovechó ayer la coyuntura para señalar la pasividad de las administraciones ante esta norma. «Está claro que existe una ley democrática que no se cumple». En Málaga se creó una comisión formada por todos los partidos políticos y personal técnico de la Universidad de Málaga que en los últimos tres años «se ha reunido una vez». «Imagínese que tuviéramos un pueblo que se llamara 'Villa de Hitler' o 'Villa de Mussolini'; todos querríamos cambiarlo». Según el presidente, esto no debe dar lugar a enfrentamientos, ya que no hay cabida para el debate: «Hay que cumplir la ley».

Los vecinos, por su parte, tienen opiniones divididas. Para algunos no es necesario cambiar el nombre, ya que «nadie piensa en Franco cuando hablamos de nuestra casa». Otros, sin embargo, consideran que debería hacerse «lo antes posible».

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