Denuncian que la actividad en la cantera de Pinos de Alhaurín de la Torre continúa pese a la prohibición del TSJA

Captura del vídeo con el que la plataforma denuncia la actividad presuntamente ilícita. /SUR
Captura del vídeo con el que la plataforma denuncia la actividad presuntamente ilícita. / SUR

La plataforma en defensa de la sierra graba en vídeo cómo la maquinaria extrae minerales

Fernando Torres
FERNANDO TORRES

La Plataforma en Defensa de la Salud y la Sierra (PDSS), dedicada desde hace 20 años a la protección del entorno natural de Alhaurín de la Torre, ha denunciado ante la Guardia Civil lo que aparenta ser actividad industrial ilegal en la cantera de Pinos de Alhaurín. El escrito va acompañado de un vídeo, grabado el pasado día 2 de febrero, en el que se aprecian una excavadora removiendo materiales y cargándolos en un camión. Según explica a este periódico un portavoz de la plataforma, la denuncia también se ha puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía y del propio Ayuntamiento del municipio.

La cantera de Pinos de Alhaurín es una de las cuatro que fueron cerradas por una sentencia que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió en 2005 tras años de lucha ecologista, en los que quedó demostrado que la extracción de materiales se estaba realizando sin licencia, «de forma ilegal y clandestina», como recoge la propia resolución judicial. Ese año, el Ayuntamiento acordó con las cuatro empresas en cuestión un plan de regeneración de siete años, durante los cuales se siguieron comercializando los productos extraídos.

En 2014 finalizó el plan y desde entonces tres de las cuatro canteras ilegales han permanecido inactivas, «menos la de Pinos de Alhaurín», explica el portavoz. En este lugar se han documentado «en varias ocasiones» movimientos similares a los grabados el pasado dos de febrero, todos ellos puestos en conocimiento de las autoridades competentes.

En otoño de 2016, dos años después de que finalizara la licencia de actuación amparada en el plan especial de restauración, la plataforma recibió de forma anónima un vídeo acompañado de un texto en el que se podía apreciar que había actividad en la cantera durante la noche. En aquél momento la empresa se excusó alegando que se trataban de labores que no implicaban la extracción de materiales y que se hacían de noche para ahorrar. En esta ocasión, este periódico ha tratado de conocer su versión, sin éxito.

La concejala de Medio Ambiente de Alhaurín de la Torre, Marina Bravo, explicó ayer a este periódico que el Consistorio está al tanto de la situación, que ha recibido los escritos de denuncia y está elaborando «todas las averiguaciones posibles». Bravo añade que se han hecho varias inspecciones policiales en las que no se ha presenciado actividad ilegítima alguna:«Si están haciendo algo ilegal la única manera de denunciarlo es pillándolos en el acto».

La edil popular explicó que la situación se ha puesto en manos de la Junta de Andalucía para que, a través del Seprona, averigüe si la actividad persiste pese al fin del plan de regeneración. Además, el Ayuntamiento ha encargado un informe pericial con el que documentar si el perfil de extracción se ha modificado desde que se puso fin a la actividad, con el que complementar las posibles investigaciones. Junto a estas intervenciones se hará un requerimiento a la empresa que fue condenada por operar en Pinos de Alhaurín.

Desde la plataforma aseguran que el papel que el Ayuntamiento está jugando en esta situación es demasiado pasivo: «Deben vigilar que no se incumpla la ley, supervisar que las licencias existen; es lo mismo que si alguien abre un bar en el centro sin haber hecho el papeleo», señalan. Para la plataforma, lo ideal sería «precintar la cantera».

Crecimiento inmobiliario

Las canteras de Alhaurín de la Torre estuvieron abiertas durante treinta años y sirvieron para alimentar el crecimiento inmobiliario de la Costa del Sol. La plataforma denunció repetidas veces la ilegalidad de la actividad y hasta que el TSJA se pronunció no hubo reacciones ni en el Ayuntamiento ni en la Junta. Las empresas actuaron sobre unas cien hectáreas de monte sin que nadie les exigiera ningún tipo de licencia.

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