El Ayuntamiento volverá a congelar el importe del recibo del IBI en 2018

También se bajará en 2018 el tipo impositivo especial para 238 propietarios de comercios, industrias, oficinas, almacenes y restaurantes, entre otros, esto es, para el 10% de los dueños de los inmuebles, menos a los de uso residencial, cuyo valor catastral supere los 100.000 euros. Se trata de 24 almacenes y estacionamientos, 151 comercios, 41 industrias, nueve oficinas, seis locales de ocio y hostelería, cuatro de cultura, dos de uso religioso, uno de deportivo y otro de sanidad y beneficencia. En estos casos, el tipo se baja del 0,90% al 0,88%. En 2017, se subió (del 0,69% al 0,90%), como uno de las cambios más importantes introducidos por el edil de Economía y Hacienda, Álvaro Carreño, que defiende la progresividad para que, en sus palabras, «paguen más quien más tienen».

En este punto, el PP, que ya se mostró contrario a esta medida, pidió al equipo de gobierno, entre el PSOE, el PA e IU, con la socialista Teresa Valdenebro a la cabeza, que diese marcha atrás, al igual que con las bonificaciones en el pago del IBI a las familias numerosas, sobre las que el Ayuntamiento también ha introducido criterios de progresividad para beneficiarse de ella.

En 2018, estos colectivos, para acogerse a la ayuda, no podrán superar dos veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más el importe de un SMI por cada hijo. Si es discapacitado, computará como dos SMI.

El pleno, respecto al IBI, también aprobó un bonificación a familias residentes en viviendas sociales de la Junta de Andalucía, siempre que no superen 2,5 veces el SMI más el 50% de SMI por hijo. La bonificación será del 50%. La edil del PP María del Carmen Martínez afirmó que con esta medida se «está bonificando en realidad a la Junta ».

Con estos cambios sobre el IBI, Carreño explicó que en 2018 se prevé recaudar más de 58.000 euros por la bajada del tipo especial, 10.000 por la flexibilización de la bonificación a familias numerosas, 30.000 por la bonificación a viviendas sociales, más de un millón por la regularización catastral y más de 2,5 por la regularización catastral de los últimos cuatro años.

Por otro lado, en materia fiscal, se aprobó una tasa específica de basura para museos (de unos 200 euros al año, antes de unos 250); aumentar el recargo por reserva de aparcamiento en la vía pública del 50% al 75%, en entrada y salida de vehículos; fraccionar el pago por la instalación de mesas y sillas en la vía pública; y tarifa de tres euros por metro cuadrado y día para artesanos, músicos y artistas en general.

El edil de Economía recogió la propuesta del PP de bonificar en el pago del IBI a personas que usen energías renovables en sus viviendas y revisar el callejero fiscal. Sobre la plusvalía, el concejal mantuvo que se está a la espera de una posible regulación por parte del Gobierno.

El pleno del lunes, que se prolongó hasta casi las doce de la noche, también aprobó los presupuestos municipales para 2018, cuyo montante rondará los 30,3 millones, tanto en gastos como en ingresos (en 2017 fue menor). Las principales novedades serán la contemplación de 1,2 millones en inversiones, con lo que se recuperará este capítulo; y la absorción por parte del Ayuntamiento de la Agencia pública administrativa local sociocultural de educación, empleo y deportes, un punto que generó críticas de la oposición, del PP y de APR, que pidieron documentar con informes más profundos esta operación. «La Agencia se tiene que regularizar sí o sí, porque hay falta de control. Los servicios van a seguir igual y respecto a los trabajadores, habrá una oposición restringida y una oposición abierta, a cada uno se le dará según el acceso que tuvieron», afirmó la regidora. PP y APR votaron en contra de los presupuestos. APR aseguró: «No se ven cosas ilusionantes» y exigió abordar con fondos propios la construcción de una piscina municipal y la famosa pasarela en el fondo del Tajo. «Yo le metería un millón más», propuso, refiriéndose a las inversiones. El edil del PP, Antonio Arenas, dijo que no existe en modelo de ciudad y que es arriesgado contemplar más de dos millones más por la revisión catastral.

Otro de los puntos que salió adelante fue la conversión de la actual zona azul, en el antiguo cuartel de la Concepción, en un aparcamiento convencional, para lo que se instalarán nuevas máquinas y un sistema de barreras. El PP denunció que se elimina así la franja para aparcar gratis, desde las 20.30 horas a las 10.00 horas de la mañana siguiente. Aquí, el líder de APR, Antonio Marín, llamó la atención sobre la amplitud del horario de carga y descarga, entre otros aspectos.

En el turno del público, un vecino de Ronda, José María García, mostró su malestar y denunció presuntas irregularidades cometidas por los Servicios Urbanísticos del Ayuntamiento respecto a la construcción de un edificio en Arenal 2000, junto a la parcela de su vivienda, con más volumen del permitido en el PGOU, tal y como mantuvo. «Se le está dando más volumen a este edificio, para mi casa es del 65% y para este promotor del 100%. Está haciendo lo que le ha venido en gana y digo yo ¿dónde está la inspección de este Ayuntamiento? A mí me afecta porque es la inversión de mi casa», declaró.

García, que recordó que se preveía construir un supermercado y aparcamientos, ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía, mientras que el Ayuntamiento ya paralizó los trabajos en agosto al comprobar que había actuaciones que no se acogían a la licencia concedida en 2014.