El Ayuntamiento deberá pagar 47.853 euros a una empresa a la que apartó de un concurso

El proceso se modificó en 2012 y la entonces alcaldesa asegura que actuó «en base a un informe jurídico»

F. TORRES

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJ-A) ha condenado al Ayuntamiento de Humilladero a indemnizar con 47.854,53 euros a una empresa que fue apartada de un concurso público tras haber sido elegida inicialmente para llevar a cabo el servicio en cuestión. El pliego de condiciones, que se abrió en 2012 y de las dos empresas que se presentaron, primero ganó una hasta que la que se quedó fuera recurrió la decisión y la alcaldesa de aquél mandato, Noelia Rodríguez (actual portavoz de IU en la oposición), falló a favor de los alegantes, «amparada en un informe jurídico», según explica la propia exalcaldesa a SUR tras conocer la sentencia.

En ese momento, la empresa que inicialmente había sido elegida, demandó al Consistorio por incumplir el contrato. El concurso público se abrió para cubrir los servicios de limpieza del Consistorio y en el pliego de condiciones se estipuló que se puntuaría la experiencia en el sector. En la primera resolución, se había puntuado de igual manera la experiencia de las dos compañías hasta que la que recurrió el primer contrato señaló una desigualdad. Según la exalcaldesa, la que ganó de primeras llevaba el mismo tiempo que la que quedó fuera con contratos de ese tipo, pero con menos horas semanales (en concreto, la diferencia era de dos horas frente a cuarenta cada siete días).

Por ello, la exalcaldesa no duda de su decisión, ya que reunió a la Mesa de Contratación y al asesor jurídico para que redactara un informe, el cual resultó favorable para los alegantes, y por ello emitió la resolución de alcaldía cambiando el resultado del concurso. «Nada puedo hacer si el TSJ-A considera que el número de horas semanales no importa», apostilla.

Por su parte, el Partido Popular el PSOE emitieron ayer un comunicado conjunto (actualmente los socialistas gobiernan con el apoyo del PP), criticando la decisión de la entonces alcaldesa, cuyos resultados suponen «un gran revés» para la economía local. El total de la condena asciende a 57.743,05 euros tras sumar las costas judiciales.

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