Archivan la causa del taxista que acusó al alcalde de Coín de prevaricación

Archivan la causa del taxista que acusó al alcalde de Coín de prevaricación

La jueza considera que no hay indicios constatables de delito y apunta que se trata de un «conflicto entre las partes» sin fundamento penal

Fernando Torres
FERNANDO TORRES

La titular del Juzgado de Primera Instancia Número 1 de Coín ha decidido archivar la causa en contra del alcalde del municipio, Fernando Fernández Tapia, y el concejal de Seguridad, Antonio González, acusados por un presunto delito de prevaricación por omisión. Según el denunciante, Javier Arana, ambos representantes públicos habían favorecido una segunda actividad laboral ilegal a otro compañero, hermano del concejal, en detrimento de sus intereses profesionales. Tras el proceso de instrucción, en el que la juez analizó las pruebas presentadas por el denunciante y citó a declarar a ambos políticos, la causa ha sido sobreseída y archivada, según se recoge en el auto judicial al que este periódico ha tenido acceso. La parte demandante ya ha recurrido la decisión, según el abogado de la acusación.

La juez expuso en el auto que no se observan actos concretos ni formas de proceder que desprendan indicios de delito, «más allá del conflicto habido entre las partes en relación a las discrepancias de titulares de licencias de taxis». Por ello, considera que no está justificado debidamente la perpetración de ningún tipo de prevaricación, ni tan siquiera por omisión. Da así la razón a Fernández y González, que solicitaron el archivo de la causa tras haber comparecido en el tribunal, ya que no se habían acreditado «ni por la denuncia, ni por los documentos que la acompañan, ni por lo actuado judicialmente, que se haya perpetrado delito de prevaricación por omisión alguna».

Denuncia
Javier Arana denuncia al alcalde y al concejal de Seguridad de Coín por favorecer a un taxista al permitirle ejercer una segunda actividad laboral.
Investigación
El juzgado admitió a trámite la denuncia y citó a declarar como investigados a ambos políticos .
Sobreseimiento
La juez archiva el caso por no haber «indicios de delito» tras las diligencias.

En el documento, la magistrada recuerda que la prevaricación se comete cuando el funcionario adopta una resolución «que contradice un claro texto legal». En la denuncia, Arana presentó decenas de documentos en los que él mismo, mediante registro de entrada, instaba al Ayuntamiento a tomar medidas en la segunda actividad laboral de un compañero de trabajo, hermano del concejal de Seguridad. El denunciante señalaba la ausencia de respuestas por parte del alcalde excepto en la ocasión en la que se hacía alusión directa, con fotografías que lo demostraban, que el taxista presuntamente favorecido acudía los domingos al Mercado Agroalimentario de Coín para ayudar a su familia a vender los productos de su huerto.

Ante esto, Fernández respondió que esa segunda actividad «no era remunerada y que se estaba haciendo fuera del horario laboral, una vez cumplidos los turnos correspondientes». De esta forma, la juez coincide en que no hay un convenio legal, ordenanza o decreto que se esté vulnerando.

Los motivos que llevaron a Arana a denunciar parten de que a su jefe se le impidió llevar a cabo una segunda actividad laboral, perjudicando así su proceder profesional. Arana es asalariado, por lo que el titular de la licencia no cumplía con los turnos establecidos tal y como se puede leer en la ordenanza reguladora. Por tanto, cuando se puso en conocimiento de las autoridades que el titular de la licencia tenía un taller mecánico, le instaron a abandonar dicha actividad para poder mantener el permiso. Arana asegura ser víctima de presiones y acosos por parte de sus compañeros más allá de los hechos denunciados.

El caso se puso en conocimiento de las autoridades a mediados de 2016 cuando y fue declarado como causa compleja. Desde el primer momento, ambos acusados mantuvieron su inocencia y, de hecho, el alcalde aseguró haber hecho «todo lo posible» por mejorar la situación en el sector del taxi, que lleva varios años atravesando una crisis laboral. El regidor aseguró en declaraciones a SUR que «nunca había habido problemas hasta la llegada del denunciante». Tanto él como la abogada del Ayuntamiento sostuvieron que Arana contravino el funcionamiento de los taxistas, un gremio autorregulado por generaciones.

No obstante, el denunciante afirma que no hizo «nada irregular», sino todo lo contrario: «Sólo trabajé lo mejor posible». Se esforzó por conseguir clientes fijos y mantenerlos «satisfechos», algo que no gustó entre su competencia.

El alcalde explicó que «el Consistorio ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo a solucionar esta crisis», llegando incluso a celebrar una reunión con todas las partes. Al encuentro acudió un taxista jubilado como persona ajena a la situación para tratar de poner paz, quien, según relató el alcalde, abandonó la reunión «disgustado con el estado de su antiguo trabajo».

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