Piden cárcel e inhabilitación para el alcalde de Almogía por dar una licencia supuestamente ilegal

La Fiscalía de Málaga ha formulado acusación contra el alcalde de la localidad malagueña de Almogía, Cristóbal Torreblanca, y otras cuatro personas en una de las piezas en las que se dividió el caso de las presuntas irregularidades en el urbanismo detectadas en 2009. Para el regidor se piden nueve meses de prisión y siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito urbanístico.

Esta causa se ha investigado en el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga, que en 2013 ordenó dividir el caso en nueve piezas distintas, relacionadas con 12 licencias urbanísticas, con el fin de simplificar, activar y agilizar el procedimiento y tras no verse conexidad delictiva. Esta es la primera acusación que formula la Fiscalía.

Así, el fiscal relata en su escrito en esta causa que en noviembre de 2007, uno de los acusados solicitó la licencia para reformar una vivienda unifamiliar aislada en suelo clasificado como no urbanizable por las normas subsidiarias de planeamiento y conforme a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía como no urbanizable de carácter natural.

En abril de 2008, tras ser requerido por el Ayuntamiento para que acreditase la vivienda existente, este acusado aportó un informe de antigüedad emitido por un policía local, al que el Consistorio le encomendó la tarea de redactar el documento, pero "carente de mínimos conocimientos técnicos para elaborarlo", señala la calificación inicial.

En ese informe se indicaba, explica la acusación pública, que había "restos" de una construcción con una antigüedad de 50 años y una superficie aproximada de 100 metros cuadrados. "Esos restos de la vivienda consistían en unas ruinas que no evidenciaban la preexistencia de aquélla", señala el fiscal, añadiendo que en el proyecto de reforma se hacía constar la edificación en "estado ruinoso".

"Esta manipulación de la realidad física existente y consistente en hacer creer la existencia de una vivienda tenía como objeto evitar la tramitación del preceptivo proyecto de actuación", dice el ministerio fiscal, apuntando que dicho proyecto se exige para toda construcción residencial en suelo no urbanizable.

En este sentido, se explica que partiendo de la existencia de una vivienda, para la reforma, que no para la ampliación, "sólo se requeriría licencia municipal y no la tramitación ante la Consejería competente de la Junta de Andalucía del proyecto de actuación que acreditase, entre otros extremos, la vinculación de la edificación a fines agrícolas, forestales o ganaderos".

En junio de 2008, el arquitecto técnico municipal, también acusado, emitió un informe favorable para la reforma y ampliación "conocedor como técnico de la no vinculación de la vivienda" a esos fines, así como "de la no existencia de una vivienda y de que se trataba de una construcción nueva y no de la reforma y ampliación de la preexistente".

El fiscal precisa que aun cuando hubiera una edificación previa, para la ampliación se exigiría un proyecto de actuación que la vinculase a fines agrícolas o ganaderos, ya que la excepción se prevé sólo para conservar lo construido, según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press. El entonces secretario municipal se limitó a hacer un documento "tipo" expresando la normativa.

No obstante, el alcalde concedió la licencia en julio de 2008, "sabedor de la inexistencia de edificación que reformar o ampliar, de la obligatoriedad de la tramitación y aprobación del proyecto de actuación y de la no vinculación de la vivienda a fines agrícolas, forestales o ganaderos", indica el ministerio público.

Tras obtener la licencia, el hijo del solicitante y un arquitecto, ambos acusados también, construyeron una casa dos plantas de altura, según la Fiscalía, a pesar de ser "conocedores de la clasificación urbanística de la parcela, de la inexistencia de vivienda que reformar ni ampliar, de la no vinculación a fines agrícolas, ganaderos o forestales y de la ausencia de tramitación del proyecto de actuación".

Las normas subsidiarias de planeamiento de Almogía fueron aprobadas en 1997, pero el texto no está íntegramente publicado, señala la acusación pública, apuntando que la parcela se encuentra, además, situada en el Potaum en área de transición de zona de protección territorial Montes de Málaga. Además, es inferior a la unidad mínima de cultivo, por lo que "no sería posible la existencia de una explotación agrícola" y la casa no sería legalizable.

Por estos hechos, se acusa al hijo del solicitante y al arquitecto de un delito contra la ordenación del territorio, solicitando nueve meses de prisión, multa e inhabilitación para realizar construcciones durante ocho meses. En cuanto al arquitecto municipal, se le acusa de un delito de prevaricación urbanística, pidiendo el fiscal la misma pena de cárcel.

Al alcalde y al solicitante de la licencia se les acusa del mismo delito de prevaricación urbanística, solicitando nueve meses de prisión para el primero y tres meses para el segundo. En todos los casos, se insta a que se aplique la circunstancia que atenúa la pena de dilaciones indebidas, por los retrasos sufridos en la tramitación de la causa.

Torreblanca (PSOE) ha indicado en declaraciones a Europa Press que en esta causa "no se ha visto nada de corrupción y el fiscal ya dijo en su día que no había trama", por lo que ha asegurado que "de momento" va "a esperar" antes de plantearse dimitir ya que no tiene conocimiento oficial de la acusación.

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