La oposición inicia la batalla legal por la moción de censura en Alhaurín el Grande

Bermúdez (ASALH), Sánchez (IU), Fernández (exPP) y Molina (PSOE), durante la rueda de prensa.
Bermúdez (ASALH), Sánchez (IU), Fernández (exPP) y Molina (PSOE), durante la rueda de prensa. / I. G.
  • Los ediles de PSOE, ASALH, IU y la concejala suspendida del PP presentan una demanda por «vulneración de derechos fundamentales»

Lo que era un secreto a voces desde el pasado 25 de enero, finalmente se ha hecho realidad. La oposición de Alhaurín el Grande, formada por PSOE, IU, Alternativa Socialista (ASALH) y la aún edil del grupo municipal popular, presentaron el lunes una demanda por la vía del contencioso administrativo por, entre otras cuestiones, «vulneración de derechos fundamentales» tras los hechos ocurridos durante la esperpéntica y fallida moción de censura.

En una rueda de prensa en la que estuvieron presentes todos los portavoces de los partidos afectados, la candidata a la Alcaldía en dicho pleno y portavoz de IU, Teresa Sánchez, especificó que las cuestiones a las que apela la demanda son tres: «por un lado», dijo, «hablamos de vulneración de derechos fundamentales por no dejarnos votar». A este respecto, Sánchez considera que el pleno tendría que haber seguido su curso y que se tendría que haber llegado a la votación, un extremo que no fue posible después de que el concejal mayor de la mesa de edad (perteneciente a Por Alhaurín) levantara la sesión tras considerar que no se daban las condiciones para que ésta se pudiera celebrar. Esta decisión se tomó tras la presentación de un informe de la secretaria municipal en el que señalaba que el expediente de suspensión temporal de militancia que pesaba sobre la edil del PP, Mari Francis Fernández, era suficiente para considerarla como concejala no adscrita. Pese a ello, el paso de la concejala a este grupo aún no se ha hecho oficial, ya que para ello deberá darse cuenta en un pleno que todavía no ha tenido lugar.

El segundo de los capítulos al que hace referencia esta demanda está referida a la mesa de edad. La secretaria municipal estableció también en el informe presentado durante la moción de censura que el voto de calidad, en caso de empate entre el miembro de mayor y menor edad (algo que iba a ocurrir puesto que uno era del equipo de Gobierno y otro de la oposición), lo ostentaba el primero. A juicio de la oposición, la ley referida a las mociones de censura no establece esta cuestión, y apelan -como ya hicieran durante el pleno del día 25- a la ley 40/2015, en la que prima la antigüedad por encima de la edad.

La tercera cuestión, algo menor que las otras dos, sobre la que tendrá que decidir un juez se refiere a la lectura en el pleno de un «documento privado», como lo calificó ayer la oposición, emitido por el PP, y en el que se daba cuenta de la suspensión temporal de la edil de su partido. A juicio de Fernández, «se dijeron datos personales» sobre su persona sin haber sido aún notificada de dicha suspensión. Tal como señalaron ayer durante la rueda de prensa, la oposición cree que se podría haber vulnerado la Ley de Protección de Datos, por lo que también piden responsabilidades por este asunto.

El presidente de la gestora local de los 'populares', Manuel Marmolejo, dejó claro ayer que Fernández «ya no es militante del PP», por lo que a su juicio la demanda «en ningún caso» está firmada por cargo alguno de la formación de centroderecha.

En cuanto a la duración de este proceso por el contencioso-administrativo, y según fuentes consultadas, la vulneración de derechos fundamentales aceleraría el proceso, y se prevé que pueda estar resuelto en un máximo de 5 o 6 meses. Aún así, desde la oposición señalan que el «proceso político de regeneración» se mantiene «inalterable» más allá de las cuestiones judiciales planteadas.

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