Diario Sur

Piden 15 años de inhabilitación para el exalcalde de Casarabonela acusado de contratos irregulares

  • Sebastián Gómez declara que se elegía a las personas según su situación económica familiar y su capacitación

La Fiscalía de Málaga ha pedido 15 años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exalcalde socialista de Casarabonela Sebastián Gómez, al que acusa de un delito continuado de prevaricación por supuestas contrataciones irregulares de personal laboral. El exregidor ha negado que los contratos se hicieran por interés personal o político y declaró que se elegía a las personas según su situación económico-familiar y su capacitación.

El juicio se celebró ayer en la Sección Primera de la Audiencia y tanto el ministerio público como la acusación particular, en representación a las dos personas que fueron posteriormente alcaldes en dicho municipio, han mantenido que la selección se hizo sin publicidad de la oferta de empleo, sin existir criterios objetivos de baremación y a pesar de las advertencias realizadas por el secretario municipal.

Según las conclusiones del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, se contrató a 25 personas entre abril y mayo de 2011 para realizar distintas obras y actuaciones, como las de una plaza o pintar una guardería; y para prestar servicios con vocación de permanencia, de guía turístico y gestión del bar del Museo del Cactus, aunque los contratos que se hicieron eran temporales. Posteriormente, hubo nuevas contrataciones.

Valoraciones

El acusado explicó que en 2009 se decidió hacer una bolsa de trabajo y se le dio publicidad a los requisitos, la documentación necesaria y la puntuación, apuntando que la valoración se hacía por parte del equipo de gobierno con el jefe de obras y que, después de ese proceso selectivo, él entregaba un listado a un funcionario para que hiciera los contratos. Señaló que fueron muchas las solicitudes recibidas en esa bolsa.

Además, reconoció que «posiblemente» no se hizo una valoración exhaustiva, apuntando que no tenían medios; pero incidió en que a la hora de elegir a las personas para cada trabajo siempre se tenían en cuenta «las necesidades de las familias» y su situación económica -hipoteca, niños a cargo o la renta-; «porque era época de crisis»; y la capacitación para el puesto. Los solicitantes incluían estos datos en su escrito y «entendíamos que eran ciertos», dijo.

«No pretendíamos hacer nada raro, intentamos hacerlo lo mejor posible ante una demanda de trabajo importante», indicó el acusado, quien, no obstante, reconoció que la situación económica del Ayuntamiento era «muy mala». Justificó el por qué de esas contrataciones en ese momento y apuntó a que no se dio publicidad a cada puesto, apuntando que cuando supo las advertencias del secretario «le pedí que nos ayudara a regularizar la situación».

Insistió en que se ejecutaron las obras «cuando hicieron falta» y no porque fueran los meses antes de las elecciones municipales. Por contra, los dos denunciantes testificaron que el único criterio que se seguía para la selección «era el del alcalde».