Diario Sur

El exalcalde de Alcaucín niega que diera licencias para cuatro viviendas ilegales

  • El exregidor del PSOE se sienta en el banquillo por autorizar casas en el campo antes de que el próximo día 7 arranque el juicio por el 'caso Arcos'

Al que fuera alcalde de Alcaucín por el PSOE entre 1991 y 2009, José Manuel Martín Alba, se le acumulan las causas judiciales por otorgar presuntamente permisos irregulares para viviendas en el campo. A pocos días de que el próximo 7 de noviembre arranque en la Audiencia Provincial el macrojuicio por el 'caso Arcos', que puso fin a su etapa como regidor, el exalcalde negó ayer que pasaran por él los expedientes para conceder licencia a cuatro viviendas supuestamente ilegales en suelo no urbanizable en otro proceso distinto por el que está siendo juzgado en Málaga capital.

Martín Alba dijo que no supo que se estaban construyendo mientras fue regidor, apuntando que los permisos municipales para enganches de luz y agua se dieron pensando que eran para casas existentes. El juicio continuó en la Sección Octava de la Audiencia. La Fiscalía pide nueve años de prisión para Martín Alba y otras seis personas, a los que acusa de los delitos de estafa, contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística, todos con carácter continuado. Además de prisión, se solicita multa e inhabilitación por diez años para empleo o cargo público.

El exalcalde afirmó que no habló con los otros acusados sobre estas licencias y que no cobró dinero por los permisos; al tiempo que insistió en que esos expedientes «no me los pusieron delante para resolver». Eso sí, admitió que, en ese momento, el Ayuntamiento no tenía técnicos y él carecía de conocimientos, ya que antes había sido cabrero y luego albañil.

Martín agregó que mientras fue regidor no supo que se estaban construyendo, sino que tuvo conocimiento después; y reiteró que siempre creyó que las solicitudes de enganche de luz y agua eran para viviendas antiguas que ya existían, ya que la zona cuenta con estos servicios desde 1982, matizó, y para todos los alcaldes «siempre ha sido suelo urbano», agregó.

Técnicos de la Diputación

«Si me llegan a decir que era para ésas en concreto, estoy seguro de que no hubiera dado el enganche», agregó Martín, quien apuntó que las dudas se consultaban a los técnicos de la Diputación o a otros particulares.

Según las conclusiones provisionales del fiscal, a las que tuvo acceso Europa Press, tres de los acusados se concertaron en 2002 para obtener un rendimiento urbanístico de una parcela en el núcleo de 'El Espino', «suelo que les constaba que era no urbanizable», donde uno de ellos levantó su propia casa, vendiendo las subparcelas restantes a tres extranjeros «con la promesa de que podrían edificar».