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Concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia en señal de apoyo a los sindicalistas.
Tres sindicalistas son juzgados por una protesta en la que pedían huertos sociales en Pizarra

Tres sindicalistas son juzgados por una protesta en la que pedían huertos sociales en Pizarra

Los procesados están acusados de los supuestos delitos de usurpación y coacciones, por lo que se pide un año y medio de prisión para cada uno, así como el pago de una multa

Alvaro Frías

Miércoles, 15 de junio 2016, 10:27

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Casi medio centenar de personas están concentradas desde primera hora de esta mañana a las puertas de la Ciudad de la Justicia en señal de apoyo a tres sindicalistas que se enfrentan hoy a un juicio por una protesta que realizaron en la que se pedía huertos sociales para la localidad de Pizarra.

Miguel Montenegro, uno de los acusados y que es secretario general CGT en Andalucía, ha explicado que los hechos sucedieron en abril de 2013, cuando realizaron "un acto simbólico sobre una parcela de tierra que está siendo usurpada al bien común por parte del conde de Pizarra". En este sentido, ha señalado que se trata de "unos 75 metros por donde discurre la realenga Málaga-Sevilla", de la que dice se ha apropiado "el terrateniente".

En este sentido, ha indicado que los tres procesados fueron allí para denunciar que la Junta de Andalucía tenía que tomar medidas como delimitar aquello y que se usase para aspectos sociales porque es un terreno público. "Por esto se nos acusa de coacciones y usurpación y se nos pide año y medio de prisión y el pago de una multa", ha apuntado.

Montenegro ha explicado que tanto el Ayuntamiento de Pizarra como la Diputación de Málaga aprobaron por unanimidad en sus plenos que se estaba cometiendo una injusticia con ellos. En este sentido, ha indicado que la Junta también emitió un informe afirmando que el trozo de tierra en el que protestaron es público, pero que no había sido deslindado porque no había capacidad presupuestaria en ese momento.

Juan Eduardo Jiménez, vecino de la localidad y también procesado en este caso, ha relatado que la protesta surgió cuando una treintena de vecinos que iban diariamente a Mercamálaga para recoger alimentos para repartirlos entre aquellos que los necesitaban vieron que era más operativo montar huertos sociales y cultivar sus propios productos. "Por eso decidimos ocupar ese terreno público, no entendemos las acusaciones", ha apuntado.

Finalmente, Miguel Pacheco, otro de los acusados, ha explicado que han estado seis meses con una orden de alejamiento de 600 metros sobre el condado: "Eso es casi todo el pueblo. No podíamos movernos, era un peligro coger el transporte público o ir a comprar al supermercado. Nos ha afectado psicológicamente".

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