Los vigilantes de El Prat volverán a votar mañana en vísperas de hacer total su huelga

El Gobierno, no obstante, movilizará la Guardia Civil desde el lunes para tratar de agilizar los controles del aeropuerto y estudia imponer un arbitraje

D. VALERA MADRID.

El conflicto de los vigilantes de El Prat entra en una nueva fase en la que las reuniones de urgencia se suceden por parte de todos los actores implicados. La cuenta atrás ha comenzado y la fecha clave es el lunes, día en el que está previsto el inicio de la huelga indefinida. Por un lado, ante el rechazo de los trabajadores el jueves a la propuesta del mediador, el Gobierno decidió ayer recurrir a la Guardia Civil para reforzar los controles del aeropuerto barcelonés para «garantizar la seguridad y el orden público». Así lo anunció el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras analizar la situación en un comité de crisis en el que también estuvieron responsables de Interior y de Aena.

Sin embargo, a última hora de la tarde de ayer el comité de huelga cedió a las presiones y tras un requerimiento de la Generalitat convocó otra asamblea para mañana en la que se votará únicamente la propuesta del mediador, que supone una subida salarial de 200 euros de media en 12 pagas. Esta medida sólo recibió dos votos en la reunión del jueves, donde se plantearon tres alternativas más. Entre ellas la ganadora, un alza salarial de 250 euros en 15 pagas. Precisamente, el comité de huelga fue duramente criticado tanto por el Gobierno, como por la Generalitat -que actúa como mediador- y la empresa por plantear tres medidas distintas que no estaban previstas. Habrá que ver si los empleados cambian en tan poco tiempo de opinión.

En cualquier caso, el Gobierno ya se prepara para un escenario de huelga el lunes. El ministro de Fomento explicó que se «intensificará de forma significativa» la presencia de los efectivos de la Guardia Civil en la instalación, aunque aclaró que no se trata de una sustitución de los empleados de Eulen, la empresa concesionaria. Según De la Serna, la presencia de los agentes, cuyo número no precisó, se centrará en «el control por paso de las personas o en el escáner».

Precisamente, uno de los problemas es que para manejar esos aparatos hay que tener una titulación de la que muchos agentes carecen. El propio ministro reconoció que se tendrá que dar «una formación» en estos días a los efectivos. El titular de Fomento explicó que el «momento crítico» empieza el lunes con la huelga indefinida. «Es razonable que la orden (a la Guardia Civil) se produzca antes de ese momento», señaló. La delegación del Gobierno ya ha fijado unos servicios mínimos del 90%. El ministro también quiso dejar claro que la empresa Eulen seguirá presente en el aeropuerto. «No se trata de sustituir a los trabajadores, sino de incorporar los medios que tiene competencia en la seguridad de los aeropuertos», señaló. Y es que el Gobierno debe tener cuidado para no vulnerar el derecho a huelga de los empleados.

Críticas de la Guardia Civil

La actuación del Ejecutivo fue duramente criticada por la mayoritaria Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), que reprochó al Gobierno la decisión de «privatizar la seguridad pública» en los aeropuertos y le pidió que «asuma las consecuencias». Asimismo, recordaron mediante un comunicado que la plantilla de agentes se encuentra «bajo mínimos» y advirtieron que estarán atentos para que no sean los agentes de base «quienes terminen pagando las consecuencias del conflicto laboral» de los vigilantes de seguridad, con quienes se «solidariza en su problemática».

Otra de las medidas adoptadas por el comité de crisis fue encargar a la Abogacía del Estado un estudio sobre la posibilidad de implantar un laudo de arbitraje obligatorio para resolver el conflicto. Una medida que, en cualquier caso, debe contar con el respaldo de la Generalitat, que es la administración con competencias laborales. Esto implica que el Gobierno puede obligar a las partes -trabajadores y Eulen- a someterse a un proceso de arbitraje si concurren una circunstancias excepcionales entre las que se encuentran los perjuicios graves que puede provocar la huelga para la economía española, según recoge el Real Decreto Ley 17/1977 (avalado en su mayor parte por el Tribunal Constitucional en 1981).

Esta figura ya se ha utilizado anteriormente en otros enfrentamientos laborales como por ejemplo en las negociaciones entre Iberia y el sindicatos de piloto Sepla en 2013. En la práctica supone que ambas partes deben acordar un mediador. Si no hay acuerdo será fijado por la autoridad laboral y su dictamen es de obligado cumplimiento.

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