Un tribunal admite que los funcionarios interinos cobren indemnización de 20 días

La sentencia extiende por primera vez ese derecho a un docente cesado tras una sustitución y lo iguala al despido objetivo de un trabajador fijo

D. VALERA MADRID.

Los funcionarios interinos tienen derecho a cobrar una indemnización de 20 días por año trabajado, lo que supone equiparar su cese a un despido objetivo de los empleados fijos. Así lo reconoce por primera vez una sentencia del juzgado contencioso administrativo número 2 de La Coruña en la que da la razón a un profesor que reclamó una compensación económica cuando acabó su periodo de sustitución. El fallo, emitido el pasado 30 de junio pero conocido ayer, va en la misma línea que lo determinado por el Tribunal de Justicia de la UE el año pasado sobre la equiparación de derechos entre trabajadores temporales y fijos de la administración pública. Sin embargo, entonces sólo hacía referencia al personal laboral no funcionarial y este nuevo escrito supone ir un paso más allá y despejar dudas al incluir de forma específica también a los funcionarios interinos.

Las relaciones laborales entre los trabajadores y la administración pública se siguen transformando a base de sentencias judiciales. En este caso, el magistrado basa gran parte de su fallo -que puede ser recurrido ante el Tribunal Supremo- en la jurisprudencia europea sobre la materia. En este sentido, el escrito señala que el ordenamiento comunitario recoge el principio de «igualdad y no discriminación entre el empleo temporal y el indefinido».

Más aún, destaca la revolucionaria sentencia que el Tribunal de la UE en su pronunciamiento de septiembre de 2016 en el que estimó que los trabajadores con un contrato de duración determinada (temporales) disfruten de las mismas ventajas que aquellos con contrato de tiempo indefinido comparables, salvo que esté justificado un trato diferenciado por razones objetivas. Sin embargo, la sentencia difundida ayer recuerda que entre esas motivaciones diferenciales «no puede estar» la interinidad. «La mera temporalidad de la relación no excluye ese derecho a la indemnización», sostiene el escrito.

Y esta es la clave del fallo. De hecho, el juez reprocha a la administración -en este caso la Consejería de Cultura y Educación de Galicia- que no explique esa «condición especial» que justificaría el rechazo al pago de la indemnización. «No es que no acredite, es que ni siquiera razona cuáles pudieran ser esos criterios objetivos», añade la sentencia, en los que pudiera «ampararse la discriminación» entre el empleo público temporal laboral -personal contratado conforme al Estatuto de los Trabajadores y con la indemnización ya reconocida desde la sentencia europea de 2016- y el trabajo temporal en régimen funcionarial -funcionarios que por razones de necesidad o urgencia son nombrados para cubrir plazas vacantes, realizar sustituciones o afrontar exceso de tareas-. De esta forma, el juzgado admite el recurso del docente para poder cobrar la indemnización de 20 días por año relativa al periodo comprendido entre el 13 de octubre de 2015 y el 14 de septiembre de 2016, así como los intereses legales correspondientes.

«Miles de reclamaciones»

Más allá del caso concreto, desde el sindicato CSIF consideraron mediante un comunicado que esta sentencia abre la puerta a «miles de reclamaciones» de profesores interinos que son cesados durante los meses de verano para reincorporarse en septiembre con el comienzo del curso escolar. Una cifra que en el pasado junio se elevó a 51.487 personas, la más alta de los últimos nueve años, según el sindicato.

Asimismo, desde CSIF recordaron que hasta ahora los tribunales sólo se habían pronunciado a favor del personal laboral temporal de las administraciones y no de los funcionarios interinos. Un colectivo que ahora podría verse beneficiado y que asciende a cerca de 250.000 trabajadores, sobre todo concentrado en ámbitos como la docencia, la justicia o la sanidad.

Habrá que esperar para ver si esta sentencia se reproduce en el mismo sentido en otras comunidades y si finalmente es recurrida será el Supremo quien deba unificar criterios. De momento, el fallo del Tribunal de Justicia de la UE el año pasado provocó la creación de una comisión de expertos formada por representantes del Gobierno, sindicatos y patronal que no lograron alcanzar un acuerdo sobre la indemnización a la que tenían derecho los empleados temporales de la administración. Los miembros de este grupo de trabajo se dividieron entre los partidarios de 20 días por año trabajado (equiparable a los despidos objetivos de indefinidos) y aquellos favorables a los 12 días de los contratos temporales. Sin embargo, parece que los tribunales van poco a poco acotando esas dudas.

Asimismo, el dictamen del tribunal comunitario provocó que el Gobierno se comprometiese a aprobar un plan de empleo público para ofertar en los próximos tres años 250.000 plazas de empleo público con el objetivo de reducir la tasa de interinos del 25% actual al 8%.

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