Los sindicatos abogan por mayores cotizaciones y sanciones para los contratos temporales

Manifestación sindical./Javier Lizón (Efe)
Manifestación sindical. / Javier Lizón (Efe)

UGT y CC OO critican las propuestas del Gobierno porque «abren la puerta a la descausalización del empleo temporal»

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOSMadrid

Había cierta expectación en torno a la nueva reunión de la mesa de calidad en el empleo. Pero, tal y como era previsible, ha terminado sin acuerdo y emplazándose para otra a finales de enero. En realidad, en el encuentro de ayer, los agentes sociales dieron al Gobierno su valoración y presentaron sus contrapropuestas a las medidas que el Ministerio de Empleo les había enviado hace casi un mes para tratar de reducir la elevada temporalidad que hay en el mercado laboral español.

“No nos gustan los documentos porque creemos que abre la puerta a la descausalización del contrato temporal”, sostuvo Lola Santillana, secretaria confederal de Empleo de CC OO. Así, los dos principales sindicatos abogaron por “medidas dirigidas a crear un fuerte efecto disuasorio sobre el incumplimiento y fraude a la legislación de los contratos temporales”, tales como “clarificar” lo que es el empleo temporal, de forma que queden “muy claras las causas que son válidas”; establecer una indemnización por fraude que disuada el uso fraudulento, de forma que además de la indemnización por cese haya una cantidad adicional que lo penalice, ya que las “actuales consecuencias económicas son definitivamente débiles y en absoluto disuasorias”; incrementar las sanciones administrativas sustancialmente por encima de los 600 euros actuales; reforzar el papel de la inspección de trabajo y de Seguridad Social, así como un “incremento significativo de la cotización a la Seguridad Social de los contratos temporales de corta duración”. Y hacerlo de forma progresiva: a menor duración, mayor coste.

De igual manera, UGT y CC OO exigieron al Gobierno que ponga fin a las bonificaciones a los contratos eventuales, que calculan que suponen un 70% del total, y que todas estas deducciones se destinen a los indefinidos.

“Entendemos que estas propuestas son las que tienen que salir adelante si queremos frenar realmente la precariedad laboral”, aseguró Santillana. Por su parte, Gonzalo Pino, secretario de Política Sindical de UGT, advirtió que mientras las reformas laborales continúen, “va a ser difícil llegar a un acuerdo”. A su vez, Pino defendió que las medidas del Gobierno encaminadas a reducir la brecha salarial de hombres y mujeres deben extenderse a las empresas de más de 25 trabajadores, que es -a su juicio- donde no hay un control, y no limitarse solo a las de más de 250 empleados.

Y menos todavía les gustó a las organizaciones sindicales las medidas presentadas por la CEOE, porque lo que buscan es “poder contratar y despedir a su antojo”, ya que -en palabras de Santillana- quieren flexibilizar todo, el contrato indefinido, el temporal, el de formación...

Un tope de tres años de duración

El Ministerio les envió una serie de medidas que buscan principalmente limitar la utilización de los contratos temporales e incrementar la indemnización. Así, fijaría una duración máxima de dos años para todos y, tras este plazo, se convertirían automáticamente en indefinidos. De igual manera les sucederá a los trabajadores que hayan encadenado dos o más contratos, siempre y cuando hayan trabajado más de 24 meses en la misma empresa en un periodo de 30 meses, tal y como recoge el documento. Sin embargo, el Gobierno sí abre la mano a que esta modalidad de contrato amplíe su duración de dos a tres años si se pacta en los convenios colectivos. Y sería así para todos los contratos temporales, por lo que la duración del actual contrato temporal por obra y servicio se reduciría un año, puesto que hasta ahora tenían un tope de tres años ampliables a cuatro si se hace por convenio.

Asimismo, el Gobierno quiere introducir una indemnización creciente a la finalización de los contratos temporales, incluidos aquellos que tengan por causa la sustitución de trabajadores. De esta forma, frente a los actuales 12 días de salario por año de servicio, se elevaría a 16 a partir del segundo año y a 20 en el tercer año, algo que ya estaba recogido en el pacto de investidura con Ciudadanos. Por tanto, un trabajador eventual cobraría una indemnización de 48 días al término de su tercer año de contrato.

A su vez, pretenden “mejorar el régimen de preaviso al ampliarse a los contratos de duración determinada superior a seis meses”, de tal manera que el empresario deberá notificar con una antelación mínima de siete días para los contratos superiores a seis meses y al menos quince días antes a los que superen el año.

Ahora queda esperar a final de enero a ver si en la próxima reunión consiguen acercar posturas.

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