«Se negociarán condiciones aplicables al conjunto de los aeropuertos tras lo de El Prat»

Después de sobresaltos en el transporte, prepara ya los Presupuestos de 2018 para «gestionar la insatisfacción» ante las estrecheces financieras Iñigo de la Serna Ministro de Fomento

QUICO CHIRINO GRANADA.

Íñigo de la Serna aparenta tranquilidad. Y eso que ayer, minutos antes de esta entrevista, el Parlamento catalán acababa de desatar el desafío independentista. Este ingeniero de Caminos lleva diez meses al frente del Ministerio de Fomento y ha ido de sobresalto en sobresalto: estibadores, taxistas, aeropuertos, etc. Hace una década repartía contratos como alcalde de Santander y ahora ha rescindido más de medio centenar de los que se encontró por ser inviables. Su obsesión es dar plazos realistas... y cumplirlos.

-Se están elaborando ya los Presupuestos para 2018. ¿Es posible contentar desde el Ministerio de Fomento a todas las ciudades o no hay dinero para tantas obras?

-Hay que gestionar la insatisfacción. Es imposible atender las peticiones de todo el mundo porque tendríamos que tener un presupuesto mil veces superior. Hay que ser equitativos, justos, entender que las infraestructuras deben favorecer la vertebración y cohesión social. No hay que analizar sólo el volumen de inversión desde el punto de vista territorial, y tampoco es razonable que se haga en términos de aportación al PIB porque comunidades como Extremadura, por ejemplo, tendrían que recibir menor financiación. Queremos un criterio de igualdad. Pero con los recursos que tenemos, cumpliendo con los objetivos de estabilidad presupuestaria y el tope del 2,2% del PIB para el déficit publico en 2018, eso requiere de un esfuerzo presupuestario importante

«La cifra que manejamos para rescatar las autopistas es sensiblemente menor a la que se está oyendo»

-Después de lo sucedido en los últimos meses en El Prat, ¿considera apropiada la política de privatización de algunos servicios públicos, como el de la vigilancia de acceso a los aeropuertos?

-La seguridad no está privatizada. Lo que sí hay son servicios de apoyo y asistencia a la Guardia Civil, que es quien tiene las competencias de seguridad. Ejercen una función de auxilio y de apoyo. Eso no quiere decir que no existan conflictos laborales. Hay 6.000 trabajadores de seguridad privada y el que haya existido un conflicto concreto en un aeropuerto, que ha sido resuelto, no tiene que hacernos pensar que la solución global no es la apropiada.

-¿Por qué se ha tardado tanto en resolver el conflicto de El Prat? ¿De quién ha sido la culpa?

-Se ha tardado porque, primero, no se llegó a un acuerdo entre los trabajadores y la empresa. El siguiente paso, por ley, le correspondía darlo a la Generalitat, que tiene la competencia en mediación laboral en Cataluña. No se resolvió y eso llevó a que actuáramos. No ha habido dilación de plazos. El Gobierno actuó en el primer minuto en que pudo, con unos plazos vertiginosos. En pocos días, el conflicto se ha resuelto. Lo que pasa es que no podemos evitar que determinados comités de huelga opten por posiciones como en El Prat, que es francamente sorprendente: establecer una tercera nueva huelga con la excusa de que se tiene que cumplir un laudo que es de obligado cumplimiento. O que quieren que se ejecute un laudo que, por otro lado, no quieren que se ejecute y por eso lo han incumplido. Este tipo de cosas conviene encauzarlas con los representantes sindicales, en un grupo de trabajo que se va a reunir el lunes en el marco de la negociación sectorial para establecer condiciones que puedan ser aplicadas al conjunto de los aeropuertos españoles y a otros muchos servicios públicos.

-¿La descentralización de los aeropuertos es entonces una opción?

-Lo que está claro es que la llamada centralización de los aeropuertos es algo a lo que se está tendiendo en el mercado. Es mucho más eficaz, y genera más sinergias y eficiencia. Tiene un éxito probado, por ejemplo, en el crecimiento de trafico. En el primer semestre, por ejemplo, ha habido un incremento del 9% con respecto al récord del año anterior.

-Cambiemos de tema, ¿el Gobierno está decidido a volver a licitar las autopistas radiales rescatadas?

-Las rescatadas no, porque en realidad no se rescatan. Las que revierten al Estado, sí se hará. Cuando eso ocurra, mediante un proceso de liquidación judicial y una vez que no exista el concesionario anterior, la titularidad volverá a ser pública. Y ahí hemos decidido ponerlas de nuevo en el mercado, que se reliciten y garantizar así que se puedan utilizar desde el minuto uno, disminuyendo el impacto negativo que genera tener que asumir una responsabilidad desde la Administración.

-Se manejan varias cifras sobre ello, desde las que aventuran que será una operación rentable hasta las que pronostican un coste millonario. ¿Cuál será el coste real?

-La cifra que manejamos es sensiblemente inferior a la que se oye. Pero en cualquier caso la determinará la Administración General del Estado cuando se establezca la licitación. Es muy probable que haya una disconformidad por parte del tenedor de deuda, que llevará a un recurso en los tribunales. Y es probable que el importe final sea fruto una decisión judicial, aunque no ocurrirá a medio plazo.

-¿Cómo se está viviendo en el Gobierno la incertidumbre del desafío independentista catalán?

-El Gobierno está tranquilo. Actuará con moderación y de forma proporcionada pero con contundencia. No se puede acometer un proceso al margen de la ley. Ahí es necesaria la unidad institucional y política, y el Estado va a seguir funcionando. Los catalanes tienen que estar tranquilos porque se va a hacer cumplir la ley. No existe la democracia sin el cumplimiento de la legalidad vigente. El Gobierno tiene todos los recursos preparados ante una decisión que no conduce a ningún sitio.

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