El Gobierno ultima la reforma de la ley de mutuas para aumentar su control

Desde su último cambio en 2014 ha destinado 3.000 millones de su excedente por bajas a pagar las pensiones

J. A. BRAVO MADRID.

La reforma de las mutuas de trabajo para aumentar su control por el Gobierno, puesta sobre la mesa meses atrás por el Ministerio de Empleo, parece haber entrado en su recta final. Así, al menos, lo sugirió ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, quien durante su comparecencia en el Senado confió en que su aprobación llegue «pronto» aunque no dio plazos.

Será el primer gran cambio de una normativa que tiene poco más de tres años de vida, pues la Ley de Mutuas entró en vigor en los últimos días de 2014. Con ella se flexibilizaron los requisitos para que los autónomos pudieran acceder a prestaciones por cese de actividad. También se agilizó la comunicación de las bajas laborales entre los servicios públicos de salud, las mutuas y el Instituto de la Seguridad Social.

Lo que se busca ahora, vía decreto, es «racionalizar recursos (en las mutuas), evitar duplicidad de instalaciones sanitarias y gestionar adecuadamente los activos disponibles», según Burgos. Como ejemplo apuntó que, gracias a que la Ley de 2014 permitió al Gobierno disponer de los excedentes de estos organismos colaboradores -que gestionan 10.500 millones en cuotas anuales de empresarios y trabajadores-, la Seguridad social ha empleado «más de 3.000 millones» de su sobrante de gasto a pagar pensiones.

En parte por ello dicho sistema se anotó un récord de ingresos en 2017 con 109.100 millones de euros, pese a tener casi un millón de afiliados menos que al inicio de la crisis hace once años. Aún así, el déficit de la Seguridad Social engordó en 200 millones para totalizar 18.800 millones, y sigue en máximos. Por eso, el secretario de Estado defendió el uso de créditos extraordinarios para abonar las pagas extra y no agotar el Fondo de Reserva, donde quedan 8.000 millones.

Burgos señaló que la reforma vetará las entidades de captación de empresas, al tiempo que endurecerá la responsabilidad de los asociados y el régimen de incompatibilidades del personal directivo. También tendrá un mayor control de los gastos de administración y las inversiones reales de las mutuas, además de limitar la posible creación de nuevos centros asistenciales cuando en su área geográfica existan centros alternativos que pudieran utilizarse. Las patronales, a su vez, quieren que se permita a los médicos de las mutuas dar altas y bajas por contingencias comunes, por ejemplo, en traumatología. Pero los sindicatos se oponen «rotundamente» y solo aceptarían mejorar los convenios.

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