Ayuntamiento multado por no prevenir conflictos laborales

R. C.

madrid. Empresas y administraciones deben llevar sus políticas de prevención laboral hasta el punto de prevenir situaciones de conflicto, discusiones y violencia psicológica entre los empleados y empleadas de la plantilla. Así lo ha resuelto todo un Tribunal Superior de Justicia, en este caso el de Cataluña, que ha multado con 25.000 euros al Ayuntamiento de Figueres por no hacerlo con su Policía.

Los magistrados confirman así una sentencia de un Juzgado de lo Social, que estableció esa indemnización por daños y perjuicios para una de sus agentes. Esta, según informó ayer el sindicato CSIF, sufrió durante más de 15 años diferentes bajas laborales «por conflictos interpersonales y violencia psicológica», con denuncias cruzadas, comentarios despectivos y amenazas en Facebook, coacción, prevaricación, acusaciones falsas, acoso...

Esas «tensas y beligerantes relaciones personales que lacraban la convivencia laboral» eran «notorias y públicas», pero el ayuntamiento no adoptó medidas «adecuadas en prevención laboral», por ejemplo, para clarificar roles, funciones y jerarquías, formas de actuar y comportarse», e incluso un protocolo de acoso «psicológico/sexual».

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