La ayuda salarial de 430 euros para jóvenes queda a salvo de la prórroga presupuestaria

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer durante un acto organizado por la Cámara de Comercio. :: Paco Campos / EFE/
La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ayer durante un acto organizado por la Cámara de Comercio. :: Paco Campos / EFE

Este complemento mensual, pactado con los sindicatos, tendrá un coste anual de hasta 500 millones ya incluido en las cuentas de 2017

D. VALERA MADRID.

Una de las medidas estrella del acuerdo sobre empleo juvenil alcanzado la semana pasada entre Gobierno, sindicatos y patronal tiene que ver con el complemento salarial de 430 euros que recibirán aquellas personas inscritas en el plan de garantía juvenil que logren un contrato de formación. Una medida que tiene un coste de 500 millones y que, según el Gobierno, no corre peligro en caso de que la prórroga presupuestaria sea definitiva. Fuentes del Ministerio de Empleo aseguraron que esta partida ya fue incluida en las cuentas de 2017 con vistas a ser sufragada con posterioridad con fondos europeos. De esta forma, si no hubiese nuevos Presupuestos esos recursos se renovarían.

Los problemas del Ejecutivo para sacar adelante los Presupuestos de 2018 tras perder por el momento el respaldo del PNV debido a la crisis en Cataluña ha puesto en alerta a muchos departamentos, ya que algunas medidas muy avanzadas (como la subida del sueldo de los funcionarios) quedarán frenadas. En materia de Empleo, por ejemplo, afectaría a los recursos destinados a las políticas activas, que no podrían ser incrementadas a pesar de que el Ejecutivo afirma que quiere aumentarlas (los sindicatos critican que la subida hasta ahora ha sido insuficiente).

Sin embargo, fuentes del departamento que dirige Fátima Báñez confirmaron que la situación del complemento salarial de 430 euros para jóvenes con contrato de formación pactado con los agentes sociales (CC OO, UGT, CEOE y Cepyme) a finales de la pasada semana está a salvo de esa prórroga presupuestaria. Esa ayuda, que se mantendrá durante la vigencia del contrato y tendrá una duración máxima de 18 meses (36 meses para trabajadores con discapacidad), está incluida en el plan de choque por el empleo juvenil que el Ejecutivo previsiblemente aprobará este viernes en el Consejo de Ministros con la intención de que empiece a ejecutarse antes de final de año.

Asimismo, la conversión de estos contratos de formación a indefinidos tendrá una bonificación adicional en las cuotas empresariales de 250 euros durante tres años.

El otro escollo al que podría enfrentarse este complemento salarial es el del ámbito competencial. De hecho, el Tribunal Constitucional ya obligó al Gobierno a reformar la ayuda de los 450 euros a parados que habían agotado todos sus recursos (Plan Prepara) porque al centralizar la gestión económica invadía competencias autonómicas. Un argumento que, en principio, también sería válido para el complemento salarial para los jóvenes. Sin embargo, desde Empleo afirman que hay base para poder hacerlo y que además se ha informado a las comunidades autónomas en las reuniones sectoriales para evitar un nuevo conflicto en los tribunales.

Prórroga del plan Prepara

Precisamente, la intención del Gobierno también es aprobar este viernes la prórroga del plan Prepara después de haber alcanzado un acuerdo con las comunidades autónomas para ceder de forma extraordinaria la gestión de estos recursos hasta el próximo 30 de abril de 2018. En esa fecha este programa expirará al igual que el resto de planes de ayudas a parados de larga duración, que deberán ser sustituidos por un nuevo plan que complemente a todos los existentes y reduzca el galimatías de ayudas actual. Este nuevo marco se abordará con las comunidades y con los agentes sociales y, según el acuerdo alcanzado con los sindicatos, el objetivo será «mejorar las condiciones de protección de las personas desempleadas».

Por otra parte, desde el Ministerio de Empleo insistieron en que la voluntad de reordenar las ayudas a los parados de larga duración choca con la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por CC OO y UGT para establecer una renta mínima de 426 euros. De momento la medida superó la semana pasada en el Congreso la enmienda a la totalidad presentada por el PP. En el departamento que dirige Fátima Báñez consideran que en caso de aprobarse en la Cámara baja esta iniciativa sería «inconstitucional» por invadir competencias de las comunidades autónomas y «no financiable» al suponer un gasto anual de 11.000 millones. Una cantidad que, en su opinión, sólo podría sufragarse con un aumento de impuestos o recorte en las pensiones. En cualquier caso, desde Empleo confían en que la situación pueda «reconducirse» en el marco del diálogo social. Es decir, llegar a un acuerdo con los sindicatos a través de la negociación de las nuevas ayudas a parados a partir del 30 de abril.

Contenido Patrocinado

Fotos

Vídeos