Las altas del empleo doméstico, un 20% más caras tras un lustro con rebajas

La cifra de afiliadas en el régimen de empleadas de hogar supera en Málaga las 12.000 personas./SUR
La cifra de afiliadas en el régimen de empleadas de hogar supera en Málaga las 12.000 personas. / SUR

Sindicatos y colectivos denuncian el efecto que tendrá el final de la reducción sobre los salarios y la incorporación de nuevos cotizantes

José Vicente Astorga
JOSÉ VICENTE ASTORGA

Dar de alta en la Seguridad Social a una empleada de hogar es más caro desde agosto, concretamente un 20 por ciento, el mismo porcentaje de la reducción de cuotas que se ha estado vigente desde hace cinco años y que ha desaparecido de los actuales Presupuestos Generales del Estado (en vigor desde junio). La nueva realidad, que se hizo efectiva al mes siguiente, mantiene a salvo el descuento del 45% en las cuotas en los casos de familia numerosa. De los ocho tramos en función de la retribución mensual, la eliminación del descuento del 20 por ciento supone pagar ahora entre 45 y 240 euros en cotizaciones. El descuento en las cotizaciones era el principal incentivo para que empleadores y empleadas optaran por estar dentro de la ley y su punto y final inquieta a ambas partes, así como a los sindicatos y colectivos que se ocupan de una realidad laboral aún con un recorrido largo hasta equipararse al resto de trabajadores en materias como indemnizaciones por despido y cobertura por desempleo. Ahora ven en el final de las cotizaciones incentivadas un paso atrás para una normalización que si bien acerca al sector en cuantía de cotización dentro del régimen general pero no lo hace en prestaciones y derechos.

El temor a los efectos negativos de este «hecho consumado con nocturnidad y alevosía», como califica Agustín de la Torre, secretario de Servicios de CC.OO. la supresión del descuento, es doble. Por un lado, el sobrecoste de la contratación puede reflejarse en que el trabajador tenga que asumir salarios más bajos o una reducción de días u horas para compensar el encarecimiento que toca al empleador. Por otro lado, la tendencia creciente a la regularización del trabajo doméstico por la vía de las altas laborales, puede resentirse. Actualmente, sólo el 70 por ciento de los 600.000 personas ocupadas en tareas domésticas –un 90 por ciento, mujeres– cotizan a la Seguridad Social. «Mucho me temo que volverá a incrementarse el empleo sumergido y el fraude», sostiene De la Torre, para quien la eliminación de la reducción de cuotas abre interrogantes cara a la plena integración de estas trabajadoras en el régimen general a partir de enero de 2019. En su actual regulación, desparecido en 2013 como régimen especial, es un sistema propio dentro del general, y según los últimos datos de la Seguridad Social de julio, suma 425.355 ocupados.

«Si quitan lo poco que se ha avanzado se retrocederá y aumentará la precariedad», vaticina Leonor Gálvez, secretaria de Igualdad de UGT, que defiende los efectos positivos para combatir el trabajo en negro que tuvo la aplicación de descuentos. «Con el cambio legislativo que entró en vigor en 2012 y que obligaba a dar de alta hubo un avance importante, y pasamos en Málaga de los 7.761 afiliados a los 11.200, un 44 por ciento más. Desde entonces el aumento ha sido constante y la cifra supera las 12.000 personas», explica. La cifra de afiliadas era el pasado julio de 12.254, un 42 por ciento inmigrantes.

Una lectura igualmente negativa hace del nuevo panorama de las cotizaciones Carolina Elías, abogada salvadoreña, empleada de hogar y presidenta de la Asociación de Servicio Doméstico Activo (Sedoac). Para Elías, el encarecimiento de las cotizaciones «hará más precario el trabajo en un sector donde el ‘esto son lentejas...’ es algo que está a la orden del día». La equiparación con el resto de trabajadores tiene que abordar cuestiones como la indemnización por despido, defiende. «Somos el único sector donde no hay existe el despido por desistimiento, sin causas objetivas», enfatiza Elías, que subraya que el trabajo doméstico carece también de protección por desempleo, regulación en prevención de riesgos labores y está ajeno a la Inspección. «Que un funcionario pueda entrar en un domicilio privado, depende por ahora sólo del dueño», afirma.

Fotos

Vídeos