Sobresaltos bajo la lupa de la CNMV

La sala principal de la Bolsa de Madrid en uno de sus pocos momentos sin actividad. :: MARISCAL / efe

Suspende cotizaciones o restringe la especulación si hay confusión en torno a un valor, pero evita intervenir en caídas que sí reflejen un problema real El regulador limita su actuación a un puñado de casos para evitar efectos contraproducentes

JOSÉ M. CAMARERO MADRID

Los ya antiguos accionistas del Popular se siguen preguntando por qué ninguna institución intervino durante la crisis de la entidad para evitar el desplome de su valor bursátil y el rescate final que llevó a su compra por parte del Santander, con la liquidación de sus títulos. Las convulsas circunstancias en las que se movía -llegó a perder un 60% de su valor en dos meses- no llevaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) a actuar. Sí lo hizo una semana después de esa venta con los títulos de Liberbank, vapuleados con descensos de hasta el 50% en cuatro semanas.

Pero, ¿existían tantas diferencias en ambos casos? La CNMV sostiene que sí, porque Liberbank se vio afectado en un contexto en el que «no había informaciones negativas difundidas por la entidad ni pendientes de difundir», así como por «la muy probable relación de dicha evolución» con el rescate del Popular.

La normativa que regula el mercado es lo suficientemente flexible como para que la Comisión pueda determinar sin corsés cuándo puede intervenir. La Ley del Mercado de Valores indica que el regulador puede suspender la cotización de un valor, o restringir la operativa a corto plazo, cuando se den «circunstancias especiales que así lo aconsejen» y que puedan perturbar las Bolsas, o para «proteger al inversor».

Sin embargo, Ramón Hernández, profesor del Máster en Dirección de Entidades Financieras del IEB y socio director de Legal Field, señala que «no está tasado caso por caso cuándo puede actuar». «Siempre hay un cierto margen de discrecionalidad de la CNMV», indica este experto, quien considera que la Administración debe tener esa capacidad de intervenir ante casos excepcionales sin que tenga por qué estar fijada cada circunstancia en la ley.

No es la primera vez que la institución pone en marcha algún mecanismo para evitar descalabros bursátiles, ni la única ocasión en la que parte de los afectados ponen en duda su trabajo. Bankia, Gowex o Banco de Madrid han sido algunos de los capítulos más destacados en la reciente historia de la intervención.

Una de las posibilidades con las que la CNMV puede limitar la negociación es prohibiendo la operativa a corto. Se trata de la herramienta legal utilizada por determinados inversores que venden acciones prestadas, apostando por una caída de esos títulos. El presidente de los Asesores Financieros del Consejo de Economistas, David Gassó, explica que la el regulador puede actuar «cuando entienda que se pone en peligro la fijación de precios». Es decir, si los inversores a corto operan «sin que haya ninguna noticia que pueda reflejar el comportamiento de un valor a la baja de forma abrupta».

Este experto apunta a la idea de que el mercado registre «alteraciones sin explicaciones razonables» para explicar en qué momento se pone en marcha el supervisor. A partir de ahí, la CNMV «puede encontrar indicios que podrían llevar a determinar que se hace uso de información privilegiada». Es decir, que determinados inversores institucionales puedan comprar o vender un valor con la ventaja de conocer alguna decisión de calado que vaya a tomar esa compañía cotizada. Aunque, eso sí, se trata de un movimiento ilegal.

Tras el rescate del Popular, la Comisión ha indicado que prestó «la máxima atención durante los últimos meses» a la evolución del valor. Y recordó que de las actuaciones ya abiertas «algunas siguen actualmente en curso» e incluso «no descarta iniciar actuaciones adicionales relacionadas con la información financiera y el abuso de mercado». Eso sí, estos trabajos pueden prolongarse incluso durante meses.

Los inversores que apuestan a la baja están obligados a informar sobre las posiciones cortas que tienen sobre un valor, a fin de que el mercado pueda hacerse a la idea de cómo influye esta operativa en una cotizada. Hasta el pasado día 9, una veintena de cotizadas concentraban operaciones cortas por más de 4.000 millones. La cadena de supermercados DIA, con un 23% de su cotización en manos de los bajistas, lidera esa clasificación de riesgo.

La otra vía que faculta al supervisor para actuar es la suspensión de la cotización. Se trata de la medida más extrema por la que la CNMV no optó en el caso del Banco Popular, al alegar que esa acción se ejecuta cuando existe una importante confusión informativa que afecte al valor. Y este no era el caso, apuntan fuentes del mercado, porque estaba claro lo que ocurría. Recuerdan que el Reglamento de la UE sobre abuso de mercado permite a la banca «retrasar la difusión de información privilegiada, incluyendo la relativa a un problema de liquidez», como ocurrió con la entidad financiera.

El riesgo que corren los inversores con la suspensión es que el regreso al parqué puede resultarles demasiado gravoso. Esa actuación «supone abrir un paréntesis y no saber cuál será la reacción a la vuelta», indica Ramón Hernández. «¿Y si toda la gente vende como locos?», se pregunta. Ese habría sido el temor de la CNMV al tratar la crisis del Banco Popular, cuya suspensión podría haber tenido efectos tan perjudiciales para los accionistas como los que finalmente ha tenido el rescate.

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