Los sindicatos preparan una huelga en las empresas de seguridad

R. C. MADRID

Los tres principales sindicatos del país, CC OO, UGT y USO, advirtieron ayer de la próxima convocatoria de concentraciones a nivel nacional en todo el sector de la seguridad privada. Su objetivo es que luego culminen en la celebración de una jornada de huelga general, ante «el inmovilismo» que achacan a la patronal en la mesa negociadora del nuevo convenio colectivo.

A su juicio, las empresas parecen pretender nuevos «retrocesos» en la situación laboral de los vigilantes de seguridad privada, algo a lo que no están dispuestas a ceder las centrales sindicales. Uno de los principales obstáculos para cualquier acercamiento son la subrogación de contratos y el abaratamiento consiguiente de las condiciones de trabajo, dado que con ello los salarios se reducen entre un 40% y un 60%.

Los sindicatos denuncian que tras nueve meses de negociación del nuevo convenio, las patronales del sector -otro de sus problemas es que no hay una única voz- «siguen planteando» abiertamente congelación de antigüedad, modificación de parámetros de incapacidad temporal, así como flexibilizar la jornada en el ámbito de transporte de fondos.

En esta línea, creen que el comportamiento de las empresas de seguridad privada en los últimos años se deriva de la «competencia de precios a la baja» y que merma las condiciones laborales, que «para nada coinciden con el planteamiento de la parte social».

«No se hacen contrataciones socialmente responsables y pedimos que se prime la situación laboral de cada trabajador antes que tratar de exprimir al máximo la cuenta de resultados», critican los representantes de un colectivo que aglutina a más de 70.000 trabajadores. De ellos, además, un millar viene sufriendo impagos de salario recurrentes.

Las organizaciones sindicales consideran que abordar un incremento salarial, avanzar en políticas de empleabilidad, jubilación anticipada, carrera profesional, y acceso a la profesión, junto a una mayor especialización, son elementos de «vital importancia» para el presente y el futuro».

Piensan que la solución a la situación del sector debe ser negociada con «seriedad y rigor lejos del ruido», pero «nunca debe ser situada en el retroceso».

Desde el pasado agosto la cuerda entre ambas partes se ha venido tensando tras el conflicto de los vigilantes de seguridad de El Prat, que se zanjó tras la aprobación de un arbitraje obligatorio por parte del Gobierno.

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