Sindicatos y comunidades, a favor de una ayuda al desempleo que no se limite a los parados

Varias personas esperan a ser atendidas en una oficina de los servicios públicos de empleo (SEPE). :: avelino gómez/
Varias personas esperan a ser atendidas en una oficina de los servicios públicos de empleo (SEPE). :: avelino gómez

Nueve regiones piden al Gobierno ampliar la protección a todo aquel que busque trabajo, en línea con la renta mínima de UGT y CCOO

LUCÍA PALACIOS MADRID.

La nueva ayuda que prepara el Gobierno para unificar todos los subsidios que hay para proteger a los desempleados sigue sin ver la luz dos semanas después de que el Prepara y el PAE -dos de los programas que el Tribunal Constitucional puso en tela de juicio por invadir competencias autonómicas- expiraran.

El Ministerio de Empleo, los sindicatos y las comunidades autónomas trabajan ya fuera de plazo para conseguir una nueva propuesta que, por lo menos, sustituya a esos subsidios que han agotado su periodo de vigencia y, por tanto, no dejen sin protección a los nuevos parados. Este miércoles habrá otra reunión para tratar este tema pero el acuerdo no parece cercano, según deslizan fuentes cercanas a la negociación.

Y es que los sindicatos y la mayoría de comunidades autónomas exigen al Gobierno no solo mantener los actuales subsidios, sino ampliar la cobertura, al tiempo que denuncian que la nueva ayuda (denominada RED) rebajaría en algunos casos la duración de la prestación (hasta un máximo de 42 meses) e incluso la cuantía (430 euros, cuando en la actualidad las hay que alcanzan los 450), además de introducir más requisitos para acceder a ella (como demostrar que el solicitante está en búsqueda activa de empleo, algo que ahora se exige para las ayudas extraordinarias pero no para los subsidios, y tener en cuenta la unidad de renta familiar y no la individual).

«Nuestra posición es clara: creemos que hay que hacer una reforma que refuerce el ámbito de cobertura», explica el secretario de Políticas Públicas y Protección Social de CC OO, Carlos Bravo, que sostiene que estarían dispuestos a mantener lo que hay como paso intermedio, pero en ningún caso rebajando la cobertura. Es aquí donde coinciden las organizaciones de trabajadores y nueve autonomías, formadas por las siete gobernadas por el PSOE (Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura), más Cantabria y Navarra.

De hecho, la contrapropuesta que hacen las mencionadas regiones recogen parte de las reivindicaciones de los sindicatos: quieren que la nueva ayuda RED se amplíe a los empleados a tiempo parcial y que vuelva a implantarse el subsidio para mayores de 52 años -que el Ejecutivo del PP retrasó hasta los 55-.

Pero va incluso más allá: piden que esta ayuda no se limite solo a los parados, sino que se extienda también a todo aquel que esté buscando empleo, aunque no haya trabajado antes. En este punto también convergen con la renta mínima o prestaciones por ingresos mínimos que los sindicatos llevan tiempo demandando -y que se encuentra ya en periodo de trámite parlamentario a través de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)-, para proteger a quienes se encuentran en edad laboral y, queriendo trabajar, carecen de empleo y de ingresos suficientes para garantizarse un nivel digno. «Sería estupendo que llegara a aprobarse», apunta Bravo.

Fuentes del departamento de Empleo denuncian que con esta petición se «rompe el principio básico de que la protección del sistema es para quienes hayan perdido un empleo anterior», así como que esté vinculado a políticas activas para poder encontrarles un trabajo. A su vez, sostienen que se saltaría las competencias autonómicas.

Ayudas compatibles

Hay otra reivindicación que las autonomías piden al Gobierno: que esta ayuda pueda compatibilizarse con las rentas sociales autonómicas, de modo que estas últimas puedan complementar a las prestaciones independientemente del nivel de ingresos, algo que desde Empleo también critican con dureza porque «al no considerar como renta los importes abonados por las comunidades al solicitante ni a otros miembros de la unidad familiar puede romper el nivel asistencial, ya que se abonaría RED a personas con recursos propios suficientes». También denuncia que esto generaría desigualdades por el lugar de residencia e incluso reduciría el tiempo de la prestación y desincentivaría la búsqueda de empleo, puesto que el importe de ambas prestaciones puede incluso superar a las retribuciones salariales.

«Las comunidades no se preocupan de los desempleados, se ocupan de no tener que pagar ellos su asistencia social y que corra a cargo del Estado», advierten fuentes del departamento de Fátima Báñez, que aseguran que están «abiertos a la negociación», pese a no entender el rechazo generado ya que -a su juicio- se trata de una «propuesta bastante completa» que puede durar hasta seis años de forma continuada y, además, deja de ser de carácter temporal al integrarla en la Ley General de la Seguridad Social.

Precisamente esto último es lo que más le gusta a los sindicatos, el hecho de que la RED se consolide en el tiempo como un subsidio específico, pero insisten en que bajo ningún concepto aceptarán que se reduzca la protección actual. Por eso, aceptarían como solución transitoria una ayuda unificada que mantenga los derechos actuales con el compromiso de que se haga una reforma en profundidad que refuerce la cobertura sin tardar demasiado.

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