Siete años incumpliendo la ley con las pensiones de viudedad

UGT denuncia que tenían que haber subido su base reguladora en 2012, pero el Gobierno lo ha ido retrasando hasta 2019 aludiendo a su alto coste

J. A. BRAVO

madrid. Pensiones casi congeladas -en realidad han subido un 0,25%, el mínimo legal, pero el IPC lo hizo cuatro veces más (1,1%)- y, encima, sin actualizar en algunos conceptos desde hace años. En concreto, siete si nos referimos a las de viudedad y contamos con que el Gobierno no prevé hacerlo del todo hasta 2019 por su alto coste, pese a que la reforma del sistema en julio de 2011 le obligaba a hacerlo desde enero de 2012.

La denuncia se ha hecho desde UGT, donde ven insuficiente el proyecto de decreto publicado a tal fin por el Ministerio de Empleo a mediados de diciembre e incluso critican que su titular, Fátima Báñez, presumiera en el Congreso de que aún «estamos en tiempo». Su argumento era que en la disposición adicional donde se contemplaba la subida no concretaba plazos o fechas.

Esa norma estipula que se debe incrementar del 52% al 60% el porcentaje para estimar la base reguladora (la cifra sobre la que se calcula la cantidad final a recibir) de las prestaciones de viudedad a lo largo de ocho años. El decreto del Ministerio prevé subirlas un punto este año y los otros siete el próximo, lo que según sus cuentas elevará su cuantía un 1,9% en 2018 y otro 15,4% en 2019.

Las pensiones de viudedad están entre las más bajas. El último mes de 2017 la media era de 649,2 euros al mes, bastante menos que las de jubilación (1.071 euros) e incapacidad (937,1 euros). En volumen, no obstante, suponen el segundo mayor gasto (1.535,6 millones en diciembre), solo superadas por las del retiro laboral (6.302 millones).

Eso sí, menos de la mitad de los 2,36 millones de pensiones de viudedad se beneficiarán del aumento, pues quedan fuera quienes tienen otra prestación o un trabajo, ingresos por otras vías superiores al mínimo legal y menos de 65 años. Esos requisitos los cumplen 1,1 millones, por lo que el coste del alza será de 175 millones de euros en 2018 y hasta 1.382 millones a partir de 2019, aunque el Estado se ahorrará 562 millones en complementos a mínimos.

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