La reapertura de Garoña tendría un «importante» coste al tardar dos años más en conectarse a la red

Central nuclear de Garoña (Burgos). :: a. gómez
Central nuclear de Garoña (Burgos). :: a. gómez

El informe que Endesa consensuó con Iberdrola, pero que después rechazó, alega el daño económico que sufre la central por el retraso en la decisión final

JOSÉ M. CAMARERO MADRID.

A falta de dos semanas para que el Ministerio de Energía se pronuncie sobre el destino de la central nuclear de Garoña (Burgos) -el plazo vence el 8 de agosto-, la propietaria de su instalación, Nuclenor, ha estado a punto de anticiparse al Ejecutivo y pedir el cese definitivo de la actividad de la planta gracias a un informe encargado por los dos accionistas de la empresa -Iberdrola y Endesa- a un despacho de abogados en el que justificaba el cierre por los costes económicos de mantenerla activa. Pero en la junta de la firma, que tuvo lugar el miércoles, Endesa optó por rechazar la petición de desistimiento basada en ese documento, y al final será el Ejecutivo el que tome la decisión final.

Entre otros motivos incluidos en el documento, al que ha tenido acceso este diario, se indica que habría que esperar otros dos años para que Garoña volviera a operar desde que se autorizase su explotación, para cumplir con las condiciones que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) dictó en febrero ante su reapertura.

-Mayo de 1971
Comienza la explotación comercial de la central nuclear burgalesa, cuya construcción comenzó en 1966.
-Julio de 2013
Expira la autorización para que la planta pueda seguir funcionando.
-Mayo de 2014
Nuclenor, propietaria de la instalación, solicita al Gobierno la renovación de la actividad hasta el año 2031.
-Febrero de 2017
El Consejo de Seguridad Nuclear autoriza la ampliación de la actividad, bajo determinadas condiciones.
-Agosto de 2017
Finaliza el plazo para que el Ministerio de Energía se pronuncie sobre el futuro de la central nuclear.

El informe, elaborado por la firma Clifford Chance, cuantifica esa nueva espera en lo que califica como un «desembolso adicional importantísimo» de inversiones de cara al arranque de la central. Esa es la estimación en la que se recuerda que otros 24 meses a contar desde la autorización para que Garoña se reenganche a la red «reducirían significativamente el tiempo de operación solicitado», que llevaría a la central a funcionar hasta el año 2031. Garoña tendría una actividad real de unos 12 años más, frente a los 16 estimados, a contar desde 2014.

El coste de ese retraso se une a los gastos futuros que tendría que asumir la instalación y que hacen de la planta una central «económicamente inviable». El texto recuerda que entre esas cargas financieras se encuentra el propio proceso de evaluación de la reapertura, cuya duración inicial «era de un año, pero se ha prolongado durante más de tres». Esta situación ha provocado que, para mantener la central operativa aunque inactiva, Nuclenor haya desembolsado 358 millones de euros en todo tipo de actuaciones de mantenimiento desde diciembre de 2012.

El documento, que justifica su petición de desistimiento de la actividad de la central por causas «exclusivamente de índole económica», también plantea que «el deterioro de los precios del mercado eléctrico» con respecto a las estimaciones que se tenían hace dos años, cuando se inició el proceso, supondría «una reducción de ingresos frente a los gastos previstos de la central». Además, esta circunstancia se uniría a «la elevada carga tributaria» que soporta la planta y el sector nuclear. Precisamente sobre este punto, el Gobierno tiene previsto esperar al dictamen que elabore el comité de expertos sobre la transición energética, en el que se podría incluir alguna medida al respecto.

Los detalles de este documento, que fue consensuado por Iberdrola y Endesa antes de la junta de Nuclenor de la semana pasada, según apuntan fuentes empresariales, finalmente fue rechazado por Endesa al desligarse de la petición de desistimiento inmediato, abogando por la presentación de alegaciones a la renovación de la actividad ante el Ministerio de Energía. Se trata de un proceso que sigue abierto hasta finales de mes, y en el que están interviniendo agentes en contra, como el Gobierno del País Vasco y los ecologistas, y a favor de la reapertura, como la Junta de Castilla y León.

Desde Iberdrola consideran que la postura de su socio en la central resulta inviable desde un punto de vista jurídico porque el Gobierno podría autorizar la reapertura de la central nuclear sin estimar las exigencias planteadas por las eléctricas a través de Nuclenor. La compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán considera que «no cabe ninguna otra alternativa en la mejor defensa del interés social de Nuclenor» que haber optado por la petición de cierre.

No opina lo mismo Endesa, donde preferían presentar esas alegaciones porque, en el caso de no hacerlo, Nuclenor se quedaba ante una situación de indefensión de cara a la decisión final de Energía. La compañía presidida por Borja Prado considera que si el Ministerio autorizaba la renovación de la planta, pero no aceptaba las condiciones que pidieran las eléctricas, Nuclenor podría renunciar a reengancharse.

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