Rato ve «legítimo» cobrar sus conferencias eludiendo el IRPF

El exministro se cree «discriminado» porque en casos «similares» Hacienda no denunció ante los tribunales y fue un asunto administrativo

J. A. BRAVO

MADRID. Rodrigo Rato defendió ayer como «plenamente legítimo» haber cobrado las conferencias que dio entre 2007 y 2014, una vez que dejó la dirección del FMI y ya como ejecutivo financiero, a través de una sociedad instrumental que compartía con su exesposa. En total, fueron un millón y medio de euros que la firma mercantil Arada facturó a la compañía BCC, que gestionaba sus intervenciones públicas.

Así lo declaró al comparecer como investigado ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, quien investiga desde hace tres años posibles irregularidades en la forma en que amasó su patrimonio elevado -Hacienda lo cuantificó en más de 26 millones- y también en lo que tributó luego. Dijo, asimismo, sentirse «discriminado» porque a «otras personas con biografías y responsabilidades similares o superiores» no se les trate igual, dejándolo todo en un asunto administrativo.

El que también fuera vicepresidente económico del Gobierno se refería a que «muchas otras personas» han optado desde 2002, tras una reforma del impuesto de sociedades, por tributar sus trabajos a través de empresas. Una de las más sonadas en el plano político fue el ex dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, quien en última instancia y antes de que la Agencia Tributaria le abriera una inspección presentó dos declaraciones complementarias.

Esa regularización le evitó ser denunciado por un delito fiscal. Sin embargo, y como Rato, en un principio facturó sus trabajos personales mediante una firma sin trabajadores ni actividad, a fin de eludir así el IRPF y pagar menos impuestos.

Otra de las quejas de Rato fueron las dilaciones que acumula la instrucción de su caso, en parte también causadas por sus numerosos recursos. Además, reprochó a la Oficina Antifraude (ONIF) que no haya presentado aún su informe definitivo y sostiene que su deuda fiscal «ha quedado reducida a cero». La Fiscalía, empero, aún le atribuye delitos fiscales por valor de 6,8 millones.

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