Rajoy condiciona elevar las pensiones mínimas al éxito de los Presupuestos

Los diputados del PP y
los ministros aplauden al
presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, ayer tras
su intervención en el
pleno de pensiones
celebrado en el Congreso.
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Los diputados del PP y los ministros aplauden al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ayer tras su intervención en el pleno de pensiones celebrado en el Congreso. :: efe

Ve «razonable» subir las prestaciones más bajas conforme al IPC en 2018 y propone ayudas fiscales para los jubilados

D. VALERA / N. VEGA MADRID.

Unas propuestas confusas y genéricas de revalorización de las pensiones y, además, a la espera de la aprobación de los próximos Presupuestos. Ese es el resumen de la intervención del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en el pleno celebrado ayer en el Congreso, donde se comprometió a mejorar las prestaciones mínimas y de viudedad, aunque no detalló las cuantías. Si acaso, el jefe del Ejecutivo sorprendió al considerar «razonable» que las pensiones «más bajas» puedan incrementarse según la inflación, es decir, un 1,6% en vez del 0,25%. Eso sí, Rajoy matizó que esa posible mejora sería una cuestión puntual que «sólo afectaría a 2018» al estar recogida en las cuentas públicas que pretende aprobar a finales de mes. En este sentido, el presidente logró convertir el debate monográfico sobre pensiones en un alegato a favor de los Presupuestos.

Rajoy, que intentó en todo momento no entrar en la «puja» de medidas que le exigía la oposición, sí que se mostró «conforme» con que las pensiones mínimas puedan revalorizarse este curso según la inflación. Así lo expresó el jefe del Ejecutivo en su turno de réplica al contestar una propuesta de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, sobre la necesidad de incrementar este tipo de prestaciones al menos el IPC, aunque el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, llegó a insinuar que el aumento podría ser superior incluso a este índice. Un extremo que ayer no constaba en el Ministerio de Empleo.

El jefe del Ejecutivo, sin embargo, no se pronunció sobre la medida, también defendida por Oramas, de aumentar un 10% las pensiones no contributivas (de jubilación y de invalidez), cuyos 454.000 beneficiarios apenas cobran 368 euros al mes.

Tampoco quedó claro si el anuncio de elevar las pensiones de viudedad se refiere al alza, previsto ya desde 2011, de la base reguladora de estas prestaciones (que sirve para calcular la cuantía de la pensión) del 52% al 60%. Lo que sí repitió Rajoy hasta la saciedad fue su rechazo a revertir la reforma de 2013, que desvinculó el incremento de las pensiones del IPC; una demanda que habían formulado PSOE, Podemos y las asociaciones de afectados. «No estoy de acuerdo con la indexación. Se rechaza en todas partes», explicó al recordar que sólo en dos países de la UE (Bélgica y Hungría) se utiliza este modelo de revalorización.

De hecho, el presidente del Gobierno insistió en que la indexación al IPC «no funciona» y destacó que en el acuerdo con los sindicatos de la función pública el incremento salarial no va ligado a esta variable. Asimismo, Rajoy también pasó de puntillas sobre el impuesto negativo para personas de más edad anunciado por Hacienda y que el jefe del Ejecutivo solventó con una referencia a «concentrar las ayudas fiscales en el IRPF para pensionistas y familias».

Presión a los socios

En todo caso, esta o cualquier posible mejora quedó condicionada a la aprobación de los Presupuestos. Rajoy, que aún no tiene garantizados los respaldos al proyecto de 2018, convocó a la oposición a abordar los avances en materia de pensiones en el trámite de la negociación de las cuentas públicas. De esta manera, el Gobierno se sirvió de la reivindicación de los jubilados para apremiar a sus potenciales socios, Ciudadanos y el PNV, y para intentar «retratar» al resto del arco parlamentario.

Fuentes gubernamentales destacaron los gestos de Rajoy hacia Ciudadanos, el PNV y Coalición Canaria, algunas de las formaciones que hicieron posible sacar adelante los Presupuestos del año pasado. El presidente puso, de hecho, el foco en las propuestas en las que cabría la posibilidad de llegar a un acuerdo con cada uno de ellos. Hasta el punto de que se guardó la opción de revalorizar las pensiones más bajas según el IPC para su respuesta a Oramas. Pero, además, en el Gobierno creen que, de alguna manera, se «dejó en evidencia» al PSOE y su rechazo «preventivo» a los Presupuestos incluyan las medidas que incluyan.

La previsión, en este momento, pasa por aprobar las cuentas públicas en Consejo de Ministros antes de que concluya el mes de marzo. Y la fecha del 23, marcada en el calendario por el propio Rajoy, sólo es «indicativa». Dada la agenda internacional del presidente, en la Moncloa barajan incluso dar luz verde al proyecto en torno al 27, en vísperas de la Semana Santa. En ese caso, los Presupuestos se enviarían al Congreso a principios de abril; siempre con la esperanza de que el Parlamento catalán desbloquee la investidura para levantar el artículo 155 y atraer sin complejos al PNV a la negociación.

Es en esa fase en la que deberían incluirse, en principio, las mejoras en materia de pensiones. Aunque está por ver si el anuncio de ayer sirve para satisfacer las demandas de los jubilados. Rajoy, consciente de lo que se juega con un sector que nutre buena parte de su base electoral, llamó a sacar la polémica de la batalla partidista y se comprometió a incrementar siempre las retribuciones «lo que sea posible». «Mientras sea presidente -garantizó-, las pensiones no se van a congelar».

El jefe del Ejecutivo ha recordado en las últimas semanas la dificultad de atender de inmediato y con los actuales recursos las solicitudes de mejora que plantean diversos colectivos. En concreto, en materia de pensiones recordó que la partida en 2017 alcanzó los 139.637 millones de euros, lo que supone el 29% del gasto público de todo el Estado, mientras que hace 10 años representaba sólo el 21,6%. Es decir, un incremento de 48.000 millones. Asimismo, Rajoy señaló que sólo la entrada de nuevos pensionistas al sistema supondrá un aumento de 3.800 millones «sin revalorización alguna».

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