Rajoy accede a un pleno monográfico de pensiones presionado por las protestas

Se adelanta a la petición de comparecencia en las Cortes que quería la oposición con un debate este mes para que no se enquiste el problema

J. M. CAMARERO / N. VEGA MADRID.

Al Gobierno se le ha presentado un incendio inesperado entre uno de los colectivos en los que sustenta buena parte de su apoyo electoral, los pensionistas. El presidente, Mariano Rajoy, ha salido a intentar sofocar las protestas masivas de jubilados que piden una revalorización de las pensiones acorde con la inflación y no se conforman con el 0,25% aplicado en los últimos años, incluido este ejercicio. Por eso, ayer anunció que ha solicitado celebrar un pleno monográfico sobre el sistema de pensiones en el Congreso antes de Semana Santa. Será «en diez o doce días», según anticipó en una entrevista en Telecinco.

El cariz que puede tomar el problema de las pensiones es de tal magnitud que el Ejecutivo ha reaccionado rápidamente para evitar que el conflicto suponga una nueva sangría de electores en uno de sus caladeros de votos tradicionales. El propio Rajoy indicó que el pleno en el que ha pedido comparecer en la Cámara baja será «el más importante de la legislatura».

Aunque se trata de una solicitud de comparecencia que ya había registrado Unidos-Podemos el martes, el presidente del Gobierno da el paso a petición propia y propone un formato en el que todos los grupos expongan sus propuestas. También la oposición. «Lo que quiero es que todo el mundo se explique y vamos a hacer un debate para trasladar cómo está el tema, cuánto se pueden subir las pensiones, cuánto no y qué hay que hacer», defendió.

Fuentes de Moncloa confirman que se trata de un asunto prioritario para el Gobierno del PP y aseguran que el presidente se siente cómodo en esta materia. Recuerdan las mismas voces que, al contrario de lo ocurrido en la fase final del Ejecutivo del PSOE, las pensiones no se han congelado desde 2011. Aun así, Rajoy ha incidido en las dificultades para atender las demandas de todos los colectivos que reclaman subidas salariales -como los efectivos de la Policía Nacional o los de la Guardia Civil- o mejorar el poder adquisitivo con los recursos actuales. «No es un problema de que no quiera subir las pensiones, yo quiero subirlas, pero es un problema de poder», alegó.

El presidente recordó que al pago de las pensiones se destina más de un 40% del Presupuesto General del Estado cada año. Y aunque hasta ahora había mantenido una postura cerrada sobre la posibilidad de autorizar incrementos de las prestaciones por jubilación superiores al mínimo legal -el 0,25%-, matizó su posición. Las subidas de pensiones llegarán si España es capaz de mantener la actual política económica, porque «la recuperación no ha llegado aún» a las prestaciones de jubilación en el nivel deseado. «En la medida en que vayamos creando empleo, podremos ir subiéndolas más», afirmó. En cualquier caso, aclaró que «hay que ir poco a poco» porque «lo que no se puede es gastar lo que no tenemos». De hecho, no se descarta que utilice el pleno para realizar algún anuncio con el que pueda calmar los ánimos de los jubilados que están saliendo a la calle.

El Ejecutivo sostiene que la pérdida de poder adquisitivo de este colectivo es de una décima en los cuatro últimos años, al tomar como referencia la inflación media anual, que fue negativa en varios periodos, frente al incremento del 0,25% de las prestaciones por jubilación. Pero, además, los pensionistas protestan por la aplicación del factor de sostenibilidad a partir de 2019 -una fórmula que vincula el importe de las nuevas pensiones en función del envejecimiento o las cuentas de la Seguridad Social-.

Tras el paso adelante dado por el presidente, la oposición quiere exigir que de ese debate monográfico se extraigan propuestas de resolución y que, por tanto, los grupos parlamentarios se vean obligados a votar en uno u otro sentido, una fórmula en la que el PP podría quedarse solo en algunas proposiciones, a expensas de lo que haga finalmente Ciudadanos.

Abanico de soluciones

El PSOE insiste en que las pensiones aumenten este año un 1,6%, en línea con el IPC de 2017, lo que supondría un incremento medio de 12 euros al mes, frente a los dos euros que han aumentado tras la subida autorizada por el Gobierno. Ciudadanos prefiere hablar de rebajas impositivas a los mileuristas, entre los que se encuentran muchos pensionistas, con beneficios fiscales de hasta 60 euros al mes «frente a quienes hablan de subir dos o cinco euros las pensiones», como hacen PP y PSOE. Por su parte, Unidos-Podemos aboga por la revalorización vinculada a la inflación y la supresión del factor de sostenibilidad previsto en la ley.

El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, también se ha adentrado en este debate al indicar que hay un alto porcentaje de jubilados que tienen casa en propiedad, un factor importante a la hora de valorar las pensiones reales y netas que no se suele considerar. «No es igual pagar un alquiler de 500 euros al mes que un gasto de comunidad de 100 euros», señaló.

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