La quita de la deuda autonómica, otro escollo en la reforma de la financiación

La quita de la deuda autonómica, otro escollo en la reforma de la financiación

La reestructuración es una demanda de las regiones con más pasivo, pero los expertos avisan de que desincentiva cumplir las reglas fiscales

DAVID VALERA MADRID.

«Lo importante es saber qué hacer con la deuda autonómica. Particularmente la contraída con el Estado». Con esta afirmación en el Congreso el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, puso la semana pasada el foco en uno de los temas más espinosos a la hora de abordar el nuevo sistema de financiación autonómico: una posible quita o reestructuración del elevado pasivo de las comunidades. Pero no sólo eso, también indicó la necesidad de determinar qué parte de esa deuda corresponde a la «insuficiencia» del modelo de financiación actual. Es decir, el titular de Hacienda hizo suya parte de las reivindicaciones de algunas regiones que se consideran maltratadas por el sistema vigente y le culpan de sus abultados números rojos.

La raíz del problema se encuentra en los 159.526 millones que las comunidades deben al Estado procedentes de los mecanismos de financiación extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) o el plan de pago a proveedores, según datos del Banco de España en el tercer trimestre de 2017. Esto supone que un 56% de la deuda autonómica está en manos de la administración central, que es la principal acreedora de gran parte de los territorios. De hecho, posee más del 50% de la deuda de ocho regiones, llegando en algunos casos a superar el 70% como en la Comunidad Valenciana (80%), Murcia (78%) o Andalucía (72%).

Este escenario es el resultado de años de inyección de recursos por parte del Estado a las comunidades a través de los instrumentos extraordinario de financiación puestos en marcha por Hacienda en 2012. Es decir, en pleno apogeo de la crisis y cuando muchas regiones tenían los mercados cerrados y necesitaban hacer frente al pago de las facturas de los proveedores y de otros servicios básicos. Así, desde su puesta en marcha hasta 2017 estos mecanismos han repartido 190.000 millones entre las comunidades. A esta cantidad habrá que sumar ya otros 12.000 millones previstos para el primer trimestre de 2018. Las principales beneficiadas en estos cinco años son Cataluña (61.395 millones), Comunidad Valenciana (41.664 millones) y Andalucía (28.974 millones).

Sin embargo, estas comunidades justifican la necesidad de recurrir de forma masiva a esta ayuda por los recursos insuficientes que reciben del sistema de financiación. Al mismo tiempo, son las que con más fuerza reclaman una quita, al menos de la parte de la deuda que corresponda a esa infrafinanciación. «Existe un cierto consenso en que una serie de comunidades no están bien financiadas», explica el presidente del Consejo General de Economistas Valentín Pich. De hecho, si se atiende a las balanzas fiscales elaboradas por el profesor Ángel de la Fuente, Comunidad Valenciana, Murcia, Cataluña o Madrid se encuentran entre las que más aportan y menos reciben del sistema actual.

En cualquier caso, Pich recuerda que una parte de los problemas que atraviesan las regiones más endeudadas también responde a una «mala gestión» durante los años de la crisis en comparación con otras regiones, como Madrid, que siendo también perjudicada en el sistema de financiación su nivel de deuda es muy inferior. En este sentido, este experto no cree que se produzca una quita, aunque considera que sería positivo reconvertir esos números rojos en una deuda permanente con tipos de interés muy bajos.

Sin embargo, algunos expertos advierten que esta reestructuración podría verse como una forma de desincentivar el cumplimiento de las normas fiscales. «Entre los inconvenientes de una medida de este tipo estarían el riesgo moral y el daño a los principios de estabilidad presupuestaria y gestión responsable de los recursos públicos», sostiene Eduardo Bandrés, director de Economía Pública de Funcas. En su opinión, esta medida no puede entenderse como una solución al nuevo sistema de financiación.

«Ahorra poco y crea muchos problemas», insiste. Asimismo, considera que si se estudia una reestructuración de la deuda es necesario identificar bajo qué criterios, como por ejemplo, cómo medir la infrafinanciación de algunas comunidades, un concepto que califica de «subjetivo».

Acabar con el FLA

Además, el problema de la quita es que las comunidades autónomas cumplidoras con la estabilidad presupuestaria se sentirán agraviadas. El Gobierno es consciente de ello y contempla que la posible reestructuración afecte al conjunto de las autonomías del régimen común mediante un alargamiento de los plazos de vencimientos o una reducción de los tipos de interés.

En cualquier caso, tanto Hacienda como las comunidades están de acuerdo en que el FLA debe tener fecha de caducidad. Montoro señaló que acabaría con la aprobación del nuevo sistema de financiación. Sin embargo, es muy posible que esa reforma se retrase e incluso no se lleve a cabo en esta legislatura debido a su complejidad. En este sentido, una posibilidad sería que las comunidades regresaran ya a los mercados. «Algunas lo tendrían muy difícil para financiarse o deberían soportar primas de riesgo muy elevadas», advierte Bandrés. Sin embargo, el director de Economía Pública de Funcas sí cree que debe comenzarse a reducir la dependencia de los mecanismos de financiación extraordinarios.

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