Plan de inspección contra la brecha de género y el abuso de la temporalidad

El Gobierno aprueba la estrategia contra el fraude laboral hasta 2020 y crea un organismo autónomo para ello

R. C.

madrid. El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Estratégico de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2018-2020, que se centrará en el control de la contratación temporal injustificada y la brecha salarial entre hombres y mujeres. En los últimos cuatro años, la temporalidad ha aumentado y afecta ya a más del 26% de los asalariados, la tasa más elevada desde 2009. Un informe de CCOO incide en la elevada rotación laboral de las personas con contrato temporal, un rasgo característico de la precariedad y que se ha acelerado tras la reforma laboral de 2012. Antes de la crisis se firmaban cada año tres contratos temporales de media por persona. En 2016, se firmaron 4,6 contratos temporales por trabajador, lo que evidencia el repunte de la rotación laboral. Hasta el presidente de Pimec, la patronal catalana de la pequeña y mediana empresa, Josep González, reconocía el año pasado un «abuso» de la contratación temporal por parte de las empresas.

En cuanto a la brecha salarial, las mujeres cobran un 12,7% menos que los hombres según un estudio de Fedea, aunque el sindicatode Técnicos de Hacienda (Gestha) eleva esa brecha hasta el 29% con datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2016. Para asegurar el cumplimiento de las normas de igualdad y no discriminación, el plan considera prioritario actuar en el ámbito de discriminación por género, se lanzarán campañas específicas, incluyendo las referidas a los planes de igualdad en las empresas, y se potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar cláusulas discriminatorias.

Asimismo, el plan de inspección aprobado por el Gobierno prestará especial atención a la contratación a tiempo parcial y a los contratos formativos. El control de las horas trabajadas y de la relación con subcontratas y empresas multiservicio seguirán siendo actuaciones preferentes de la inspección, así como la supervisión de la llamada economía colaborativa, y se desarrollarán acciones específicas en relación con falsos autónomos.

Resultados

El ministro portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, recordó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el plan de inspección anterior -vigente desde 2012- ha tenido un impacto económico global estimado de 21.198 millones de euros. Desde 2012 y hasta febrero de este año han aflorado 519.056 empleos irregulares, se han detectado 7.029 empresas ficticias sin actividad real -creadas para facilitar el acceso indebido a prestaciones públicas- y se han convertido 359.191 contratos indebidamente temporales en indefinidos.

El Consejo de Ministros aprobó también el real decreto por el que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social pasa a convertirse en un organismo autónomo que integrará a los 3.000 empleados públicos de la dirección general.

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